El 91,84 por ciento de la violencia política registrada en Cataluña en 2020 fue obra de partidarios de la secesión

Estas son las cifras que reporta el 'Informe sobre violencia política en Cataluña, 2020' que elaboran cada año Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia y que este miércoles han dado a conocer a la prensa. Según recoge el estudio, «las medidas de confinamiento originadas por la pandemia y la desmovilización independentista han hecho disminuir de forma muy significativa el número de incidentes«. Solo un año antes, en 2019, se contabilizaron 1.166 incidentes violentos (un 68,41 por ciento más que en 2020).

Desglosados los datos, el informe revela que la violencia política en Cataluña provino durante 2020 «casi en exclusiva del ámbito adscrito ideológicamente al secesionismo y al anticonstitucionalismo». De 380 casos, en 349 el incidente violento fue perpetrado por personas o grupos independentistas (el 91,84 por ciento del total, cuando en 2019 fue del 95,45 por ciento). Once casos (el 2,9 por ciento) se atribuyen «al ámbito ideológico contrario a la secesión». Y 20 incidentes no se pueden catalogar respecto a «la adscripción del agresor».

Si se tiene en cuenta el punto de vista político de la víctima, los que más sufrieron más agresiones son los particulares y las entidades civiles contrarias a la independencia. De los 380 incidentes, en 281 ocasiones (el 73,95 por ciento) las víctimas fueron identificadas como contrarias a la secesión. En 26 casos (el 6,84 por ciento) las víctimas fueron identificadas como secesionistas. Y en 73 casos se considera a las víctimas como de «adscripción ideológica indeterminada».

Según las entidades que elaboran este informe por tercer año consecutivo (tras los de los años 2018 y 2019), «en ese periodo (2020) se ha constatado la consolidación de un modelo de violencia política, los estallidos recurrentes en torno a acontecimientos puntuales que cumplen la función de detonantes al servicio de la estrategia del independentismo para desestabilizar el marco social e institucional« y consideran que »este patrón de violencia sostenida con picos de casos social es la forma que ha tomado el 'procés' tras fracasar el golpe institucional de 2017«.

Respecto a los partidos políticos, los que sufrieron violencia de forma reiterada sobre todo fueron los que se sitúan en la órbita constitucionalista: 52 de un total de 62 ataques a partidos políticos (el 83,87 por ciento, muy similar al porcentaje de 2019: 83,70 por ciento). Por orden, Vox sufrió 23 ataques (el 37,10 por ciento); el PSC, 13 (el 20,97 por ciento); Cs, 9 (el 14,52 por ciento), los comunes, 4 (el 6,45 por ciento) y el PP, 3 (el 4,84 por ciento).

Por su parte, en el ámbito independentista, los ataques se centraron únicamente contra ERC. Los 10 ataques contra las formaciones de esta órbita se dirigieron contra la formación de Pere Aragonès: el 16,13 por ciento del total. «Ni la CUP, ni el PDECat, ni Junts han sufrido ninguna agresión», se apunta en el informe. Y se añade: «Es remarcable que de los diez ataques a ERC, siete han provenido del propio ámbito secesionista. De las tres agresiones restantes, dos han sido identificadas como antisecesionistas y otra como indeterminada».

El informe de Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia también desglosa la violencia contra las entidades civiles o sociales vinculadas a la política. Existen 12 actos violentos registrados contra entidades o sus representantes. Las entidades constitucionalistas sufrieron 10 y las independentistas, dos. S'ha Acabat! fue la asociación que recibió más agresiones: cuatro. Tras esta entidad juvenil, Societat Civil Catalana (dos) y Catalunya Peuple d'Espagne, Impulso Ciudadano, Concordia Real Española, Plataforma Catalanes por España, Òmnium Cultural y Assemblea Nacional de Catalunya, que protagonizaron, a su pesar, un acto violento cada una de ellas.

Otro dato destacable del informe es el que hace referencia a los incidentes contra las instituciones, las autoridades, los funcionarios y los colectivos profesionales. De los 146 casos registrados, el objetivo principal fue el Rey, al que intentaron hacer escraches y campañas denigratorias en sus visitas a Cataluña, se quemaron fotos con su imagen y se desplegaron símbolos amenazantes contra Felipe V, como guillotinas y maniquís ahorcados. En total, 57 incidentes (el 39,04 por ciento).

Igualmente, también se contabilizaron ataques a la prensa. Hubo 17 casos de agresiones a periodistas en concentraciones o manifestaciones (el 11,63 por ciento). Este dato, según el informe, convierte a los profesionales de la información «en el colectivo profesional que ha sufrido mayor número de incidentes violentos». Pero no fue el único sector afectado y en 2020 se registraron cinco agresiones a representantes del mundo de la cultura y el deporte. En ambos casos la agresiones fueron obra de partidarios del secesionismo, que tiene casi la exclusividad. De los 146 incidentes contra las autoridades, las instituciones y los colectivos profesionales, 141 tuvieron su origen en el ámbito secesionista (el 96,58 por ciento).

En cuanto al aspecto geográfico, Barcelona sigue siendo el epicentro de toda la violencia. Sin tener en cuenta los 110 casos identificados en las redes sociales de internet, hubo 270 casos de violencia repartidos por la geografía regional. De estos, 136 (el 50,37 por ciento) fueron en la capital catalana; y teniendo en cuenta los de toda la provincia, Barcelona se lleva el 71,11 por ciento del total.

Con estos datos, entre otros (el estudio es de 94 páginas), los autores del informe desmienten «el discurso de la Generalitat sobre la violencia de la extrema derecha 'españolista' como determinante de la violencia política en Cataluña». La presencia violencia de este colectivo es meramente testimonial, mientras que «se observa el importante crecimiento de una incipiente extrema derecha supremacista en el ámbito independentista, identificados así los agresores que en sus actos han utilizado simbología, lemas o enseñas relacionados con dicha ideología«. Así, en el estudio quedan registrados cuatro incidentes protagonizados por la ultraderecha independentista (Catalunya Catalana) y uno de la ultraderecha españolista (FNI-PNSOE).

Y, por otro lado, también queda constatado que existe una transversalidad ideológica en cuanto se trata de violencia política, «desde la extrema izquierda de la CUP, alentadores directos o indirectos de la gran mayoría de campañas de acoso y odio a posiciones constitucionalistas, al supremacismo xenófobo de la extrema derecha independentista representada por Catalunya Catalana o sectores próximos a los CDR, como el colectivo L'Estaca y sus campañas de acoso al propio independentismo en su papel de guardianes de las esencias de la nación catalana«.

Por todo ello, desde Impulso Ciudadano y el Movimiento contra la Intolerancia se denuncia que la sociedad catalana se enfrenta «a una violencia estructural que se ha transmitido de manera consciente a una sociedad intoxicada por un discurso totalitario, letal para un modelo de sociedad que respete los derechos de todos«. Una sociedad a la que se esconde la realidad por parte de las instituciones públicas, especialmente la Generalitat de Cataluña. »Es un hecho innegable la connivencia de los poderes públicos de Cataluña con esta marea de intransigencia y odio«, apuntan los autores en el informe.

En esta línea, además, se señala que la Generalitat «no sólo no deslegitima la violencia, sino que cuestiona a las propias fuerzas de seguridad dependientes de ella y que a través de sus medios de comunicación públicos, TV3 y Catalunya Ràdio, lanza las consignas victimistas habituales y las coartadas morales pertinentes que son semilla y aliento de las sucesivas olas de graves desórdenes sufridas en las calles de Cataluña«.