El COE oficializa el acuerdo técnico sobre los Juegos de Invierno y lo envía a Sánchez, Aragonès y Lambán

Lo ha anunciado en declaraciones a los medios la coordinadora de la Generalitat del proyecto olímpico, Mònica Bosch , que ha celebrado el acuerdo que trascendió el viernes y que establece el reparto de disciplinas entre Cataluña y Aragón.

La misiva, firmada por el presidente del COE, Alejandro Blanco, explica la propuesta de distribución de sedes « presentada, debatida y acordada » en la comisión técnica formada por el COE, el Gobierno central, la Generalitat y el Gobierno de Aragón, y ahora estos gobiernos deberán validarla.

La carta señala que Cataluña acogerá las pruebas de esquí alpino, snowboard, freestyle, esquí de montaña y hockey sobre hielo, Aragón el esquí de fondo, el biatlón, el curling y el patinaje artístico y de velocidad, mientras que Bosbleigh, Lush, saltos de esquí y la combinada nórdica se harán en una sede fuera de España que todavía no se ha decidido - Sarajevo es una de las opciones sobre la mesa- y tampoco está cerrado dónde se harán las ceremonias de inauguración y clausura.

Además de acordar la distribución de las pruebasya se ha decidido la ubicación exacta de la mayoría de las disciplinas teniendo en cuenta los requerimientos de las federaciones internacionales. Así, el esquí alpino se hará en la pista de La Molina-Masella (Girona); el snowboard y el freestyle en Baqueira-Beret (Lleida); el esquí de montaña todavía no se ha cerrado pero una de las opciones sobre la mesa es que lo acoja la pista de Boí Taüll (Lleida), mientras que el hockey sobre hielo se celebrará en dos pabellones, uno que requiere un mínimo de 10.000 personas de aforo, que será el Palau Sant Jordi, y otro que requiere 6.000, que todavía no se ha decidido.

En Aragón, las pruebas de patinaje se harán en Zaragoza, el curling en la pista de hielo de Jaca (Huesca), y el esquí de fondo y el biatlón se podrían hacer en la estación de Candanchú (Huesca).

Después de que la Generalitat haya recibido la carta del COE, Mònica Bosch ha destacado que ha sido un acuerdo alcanzado por los tres gobiernos en la comisión técnica, por lo que no contempla que Aragón se pueda descolgar del pacto , pese a que el viernes dijera que no se ha llegado a ningún acuerdo: «No vamos a entrar en esta discusión porque es un acuerdo que llevamos muchos meses trabajando».

Al ser preguntada por si cree que el reparto de disciplinas es equilibrado entre Cataluña y Aragón, no ha querido entrar a valorar si es equilibrado, pero ha defendido que es la propuesta «más competitiva" para presentar la candidatura al Comité Olímpico Internacional (COI) .

Asimismo ha subrayado que la Generalitat ha tenido la voluntad de que el «centro» de las pruebas sea en el Pirineo y que se puedan utilizar las instalaciones existentes, de manera que no prevé que se construyan nuevos pabellones ni se tengan que ampliar las pistas de esquí.

Preguntada por los alojamientos de los deportistas y técnicos -se calcula que Catalunya acoja a 2.600 y Aragón a 2.100-, Bosch ha garantizado que se podrán asumir en la oferta hotelera que existe actualmente en ese territorio, aunque ha apuntado que estudiarán si alguna comarca plantea la posibilidad de construir una villa olímpica para que después sirva como vivienda social.

Sobre el nombre de la candidatura , Bosch ha afirmado que todavía no han hablado sobre ello y ha dicho que ahora será el momento de trabajarlo para llegar a un acuerdo en este sentido.

Este proyecto de candidatura está condicionado a que la ciudadanía del pirineo catalán la valide en la consulta que quiere impulsar la Generalitat y está previsto que en los próximos días Aragonès firme el decreto que aprueba la iniciativa institucional para convocar la votación.

En este decreto todavía no se especificará ni la pregunta ni la fecha de la consulta pero sí el territorio en el que se votará, que en un inicio el Govern fijó que sería en el Alt Pirineu y Aran (Lleida), aunque está por ver si finalmente se ampliará a las comarcas del Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) y Solsonès (Lleida).

Tras este decreto, se abrirá un plazo máximo de 90 días para que Aragonès firme el decreto de convocatoria de la consulta, en el que ya se concretará la fecha y la pregunta, y que se tiene que aprobar entre 30 y 60 días antes de que se celebre la votación, que se prevé para inicios de julio.