Ataque indignante contra la democracia en Cataluña

La imagen del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, llegando en un helicóptero de los Mossos d'Esquadra a la sede del hemiciclo, era inédita. También lo fue que más de una treintena de diputados tuvieran que refugiarse en una comisaría de la Guardia Urbana próxima a la estación Norte a la espera de que pudieran trasladarles a tiempo en furgonetas blindadas. En Cataluña, los «indignados» sobrepasaron la línea roja —como dijo el propio Mas— que media entre la protesta pacífica de acampadas en plazas y consignas asamblearias, y el libre ejercicio de la democracia atacando a sus representantes con actitudes violentas y delictivas. A su llegada, muchos diputados fueron sorprendidos por los agresores en plena calle, antes de poder alcanzar el pasillo creado por los agentes antidisturbios en las entradas al parque, como la que da acceso el zoo por la calle Wellington o la de la esquina Pujades.

A la ex consejera de Interior y Justicia del tripartito, Montserrat Tura, le pintaron en su chaqueta una equis negra con espray, y al que fuera secretario de Interior, Joan Boada (ICV), le rociaron la cabeza y el cuello de pintura. A muchos otros parlamentarios les lanzaron diversos objetos, piedras y restos de alimentos. Pasadas las nueve y media de la mañana, los altercados ya merecían titulares en las páginas web de diarios internacionales como «The Washington Post» o «The Guardian». La situación era de absoluta excepcionalidad y, pese a ello, pudo garantizarse que el pleno del Parlamento catalán comenzara a la hora prevista, un empeño personal de Mas para evitar cualquier amago de triunfo de los «indignados».

A Artur Mas le siguieron otros miembros del Gobierno, que también recurrieron al transporte aéreo para poder llegar al hemiciclo, como los consejeros Mas-Colell (Economía) u Ortega (vicepresidencia y Gobernación), y el líder de la oposición, Joquim Nadal (PSC). También lo hizo el titular de Interior de la Generalitat, Felip Puig, quien al pisar suelo firme dejó caer una frase lapidaria a propósito de los disturbios: «Soy el único que entendió lo que pasó el 27 de mayo», espetó en alusión a las polémicas cargas policiales que dirigió hace dos semanas, cuando los Mossos intentaron limpiar de trastos la plaza Cataluña plagada de acampados para evitar males mayores en las celebraciones «culés» en Canaletas.

Aunque los «indignados» estuvieron a punto de conseguir su objetivo de paralizar el normal funcionamiento de la institución, la tramitación de los presupuestos en el Parlamento siguió su curso. Eso sí, marcada por la profunda irritación y la preocupación de todos los parlamentarios dada la gravedad de lo ocurrido, algo nunca visto en Cataluña desde la instauración de la democracia. La creencia generalizada era que el 15-M ha traspasado todos los límites tolerables. La tensión marcó la jornada parlamentaria, hasta que a última hora de la tarde, después de que CiU sacara adelante su proyecto de cuentas públicas, los diputados consiguieron salir con relativa normalidad del recinto tras un día de infamia.

Eran las nueve de la noche y a esa hora los manifestantes ya se habían dividido. Un grupo de unas mil personas abandonó al grito de «traidores» la Ciudadela en dirección a plaza Sant Jaume, sede de la Generalitat, donde realizaron una sentada pacífica. Un gesto demasiado tímido y tardío después de la batalla. En cambio, varios cientos más permanecieron ante el Parlamento para insultar a los diputados que iban saliendo, pero ya sin la gravedad e intensidad de la mañana. El parte de la «batalla» provocada por los «indignados» fue de seis detenidos, 45 heridos leves (18 de ellos Mossos) y, sobre todo, una jornada para la vergüenza. La desacreditación última del 15-M.