Los beneficiados por la modificación de la malversación: un 'segundo indulto' para el 1-O

La modificación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos con el acuerdo de ERC abarca desde penas de multa a penas de prisión para los encausados, aunque muy inferiores a las impuestas por el Tribunal Supremo a los que sí sentaron en el banquillo por organizar la votación, entre ellos, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Eso sí, éstos últimos también se verán beneficiados por una reducción de las penas de inhabilitación.

Ahora, con la enmienda transaccional que el lunes presentaron los socialistas, el delito de malversación conllevará condenar con penas de prisión a aquellos funcionarios que utilicen dinero público para lucro personal o de terceros, también al que lo destine a «usos privados» -aún «sin ánimo de apropiárselo»- y que «diere al patrimonio público que administrase una aplicación diferente de aquella a la que estuviere consignado». Este último supuesto se penará con una horquilla de entre uno a cuatro años de prisión e inhabilitación de dos a seis años. Pero, en caso de que no existiese ese «daño», se castigaría solo con multa y un máximo de tres años de inhabilitación.

En el caso concreto de Puigdemont, procesado por sedición y malversación, pasaría a estarlo solo de malversación -tras la desaparición del primero- y el tiempo de una eventual condena, en caso de regresar a España y entregarse ante la Justicia, se reduciría notablemente, ya que hasta ahora ese tipo de delictivo estaba penado hasta con 12 años de prisión, mientras que ahora el máximo será de cuatro años.