La Comisión de Justicia aprueba la reforma penal del delito de sedición y de malversación

Tras este paso, se elevará el dictamen al Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta (176 votos) ya que se trata de una norma de rango orgánico.

La Comisión se ha celebrado después de que este lunes por la tarde el PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaran en una reunión a puerta cerrada de la ponencia los cambios propuestos por el Gobierno más la reforma del delito de malversación, que ahora queda ya incorporada a la ley que suprime el delito de sedición, justo los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del proceso independentista de 2017.

En su turno de palabra, el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, ha señalado que con estas modificaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasará a la historia por «deconstruir España» y por «demoler el pacto de la Transición», además de por tender «un puente de plata» al líder de ERC, Oriol Junqueras, para ser candidato a la Generalitat y por contribuir a que cada vez esté más cerca la celebración de un referéndum por la independencia de Cataluña.

Asimismo, ha denunciado la tramitación atropellada de la proposición de ley y ha asegurado que el Grupo Socialista busca «legislar a la carta» sirviendo al interés de unos pocos y no de la mayoría. Por eso, y ante lo que ha calificado de «fraude de ley» y «disparate» ha anunciado que presentarán los recursos pertinentes por la vía judicial para frenar estas reformas impulsadas por un presidente al que ha llegado a tachar de «autoritario».

En un tono más severo se ha pronunciado el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha apuntado que se vive «un golpe de Estado institucional» y que con la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación «solo favorecerán a los que con violencia e intimidación llevan décadas intentado romper la unidad de España».

Además, ha denunciado que la tramitación de esta proposición se ha realizado con fraude procesal y reglamentario, «con inusitada prisa y con alevosía y nocturnidad», y ha avanzado igual que el PP que presentarán batalla judicial para frenar estas modificaciones del Código Penal.

En el bloque del 'no' se ha ubicado también el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien ha denunciado que se asiste a «uno de los más graves atentados de la historia de la democracia española contra el Estado de derecho y contra la Constitución».

Así, ha lamentado que se legisle de manera «innoble y a la carta» para favorecer 'ad hominem' a cambio de permanecer en el poder durante lo que queda de legislatura. «Un mercadeo absoluto», ha apostillado, apuntando que España pagará «un precio carísimo» para sacar adelante los Presupuestos.

Frente a estas palabras, el portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Francisco Aranda, ha lamentado «la bronca y la mala educación» que se vive en el Congreso por las palabras elevadas de la oposición, y ha defendido que la proposición de ley y las enmiendas aprobadas salen adelante en el ejercicio de la democracia y al amparo de la capacidad legislativa de los grupos.

Al hilo, ha apuntado que esta modificación va en el camino de lo que se propuso el PSOE y su socio de gobierno en 2019 al ganar las elecciones generales, que era «recuperar puentes con la sociedad catalana» y dar una oportunidad a la política.

Así, ha defendido que la España y la Cataluña de 2022 «quieren política» y que el problema viene de quienes no creen en ella, de quienes «deshumanizan» al adversario y deslegitimizan al Gobierno.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha explicado que lo que se busca con la modificación de la malversación es mejorar la «auténtica chapuza» que hizo el PP en 2015. Sobre la eliminación del delito de sedición, ha indicado que se trata de una reforma positiva a pesar de las «sombras» que quedan, y ha especificado que no les gusta el delito de desórdenes públicos agravados porque incluye conceptos ambiguos, penas elevadas y deficiencias.

«Nos hemos quedado a mitad de camino, pero hay correlación de fuerzas y hemos llegado lo más lejos posible», ha apuntado, para añadir que al menos se ha acabado con la espada de Damocles que pendía sobre los manifestantes por el delito de sedición. «Es un avance democrático», ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, ha indicado que la reforma que se aprueba es positiva a pesar del «evidente» margen de mejora porque ahora ningún manifestante podrá ser condenado por sedición.

Y sobre la reforma de la malversación, ha añadido que «las derechas deberían estar contentas», aludiendo a que son las que más condenas por este delito pueden haber acumulado. Y ha añadido que lo que se hace con estas modificaciones es «democratizar un Código Penal que es de los más punitivos de Europa».

Sin embargo, para el portavoz de Junts, Josep Pagès, con esta reforma de la sedición, ERC asume que el referéndum de 2017 fue un delito, por lo que consideran que esta modificación «improvisada» empezó mal «y ha acabado peor».

Al hilo, ha lamentado que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados contiene indeterminaciones y mantiene el supuesto de intimidación, por lo que teme la interpretación que puedan hacer en el futuro jueces o fiscales que estén «fuera de control». «Es una locura», ha apostillado, para luego añadir que la reforma de la malversación es otro «desvarío» porque va en contra de la normativa europea.

También se ha pronunciado en contra la diputada de la CUP Mireia Vehí, al considerar que con la nueva redacción las movilizaciones del independentismo siguen mereciendo castigo con delitos especiales, y ha apuntado que el derecho penal debería legislarse pensando que lo va a aplicar «el peor de los enemigos». «¿Qué pasaría si lo aplica un Gobierno de PP y Vox?», se ha preguntado para luego lamentar que la reforma de la sedición sigue contemplando el concepto de intimidación.

Sin embargo, desde el PDECat, Genís Boadella ha defendido que las reformas son positivas porque se elimina la sedición y se limita la malversación para que diferentes supuestos no merezcan idéntico reproche penal. «Entendemos que puede servir como buena herramienta», ha añadido.

El portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha apuntado que estas reformas son positivas y necesarias, y que amoldan la legislación española a parámetros europeos. Además, ha sumado que la desjudicialización del conflicto político en Cataluña es positivo.

En esta línea, el portavoz de PNV, Mikel Legarda, ha explicado que la reforma es un paso en la buena dirección para desjudicializar el 'procés' catalán, y supone la puesta al día del Estado «para abordar la cuestión política catalana y también vasca». «Las reivindicaciones políticas deben abordarse políticamente», ha sentenciado.