El Congreso inicia el fin de la sedición culpando al PP de la crisis catalana

El debate terminó unos minutos antes de la medianoche. Y las votaciones se prolongaron hasta casi la una de la mañana. La toma en consideración de la Proposición de Ley salió adelante con el bloque de legislatura que ha consolidado Pedro Sánchez en torno a la izquierda minoritaria y los partidos independentistas. Además de los dos grupos proponentes que representan al Gobierno de coalición la reforma del Código Penal inicia un recorrido exprés en el parlamento gracias al apoyo de ERC, Bildu, PNV, Más País, Compromís, PDECat. Respecto al bloque que ayer mismo aprobó los Presupuestos se caen Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria. Y se sumaba al sí el diputado del BNG, que en el debate de las cuentas públicas se abstuvo. El recuento final fue de 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

El parlamentario del PSC, Paco Aranda, arrancó defendiendo el carácter de primera fuerza en las últimas autonómicas de su formación y cargando contra la «irrelevancia» del PP en Cataluña. «Con ustedes confrontación y pasado, con nosotros convivencia y futuro», dijo un parlamentario históricamente vinculado al hoy ministro de Cultura, Miquel Iceta. No hubo nada mucho más relevante en la defensa socialista, a la que no asistió el presidente del Gobierno ni gran parte de su bancada.

Mucho más prolijo fue Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y figura clave en esta operación. Asens se refirió a este delito como una «anomalía preconstitucional» y defendió la derogación como «un paso importante para desjudicializar el conflicto», lo defendió como una «exigencia de la mayoría de la sociedad catalana». Aquí habló Asens de una crisis que surgió por una «ruptura unilateral». Pero no se refería al golpe independentista. Sino a la posición de «la derecha política y judicial» cuando se anuló una parte del Estatuto de autonomía. El relato que el independentismo ha desplegado desde hace lustros. «Es nuestra hoja de ruta», defendió Asens, destacando que los indultos y esta reforma estaban en su programa electoral. Destacando que ERC y PSOE se han movido de sus posiciones de hace años.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, defendió el rechazo a la reforma porque «no es una demanda social» sino «un pago del Gobierno al independentismo catalán» y «una derogación al dictado de Junqueras y a la medida de los golpistas». La número dos del PP denunció que el Gobierno «ha asumido todos los argumentos de los condenados por sedición y se han convertido en sus abogados defensores». En una intervención muy celebrada en su bancada, Gamarra cuestionó que lo que se pretende es «el borrado» de todo lo que ocurrió en septiembre y octubre de 2017. «Aquí nada tiene que ver con la convivencia, sino con la conveniencia», dijo.

Bildu consideró que se trata de una buena derogación del delito de sedición: «a juicio de las reacciones de derecha y extremaderecha para intuir que mala no es», se jactó. El PNV también mostró su apoyo aduciendo que se trata de «una rectificación de política del Estado». Su portavoz en esta cuestión, Mikel Legarda, lo consideró «un paso más en la buena dirección tras la aplicación de los indultos».

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, presumió de la influencia de su grupo en Madrid y aseguró que la reforma «no es una concesión a ERC, sino una concesión a la democracia, a la suya, para que dejen de hacer el ridículo en Europa». Rufián defendió que con ésta y otras decisiones de su grupo el objetivo es «aspirar a ponérselo un poco más difícil al juez facha de turno».

En el turno en contra, por parte de Vox, Javier Ortega Smith, recordó la convocatoria de este domingo ante todos los ayuntamientos de España y que en Madrid será en la plaza de Colón contra el Gobierno: «España no está en venta», clamó. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, denunció lo que definió como «un golpe al Código Penal desde el Gobierno» fruto de «un gran engaño» de Pedro Sánchez a su propio electorado: «Es una de las principales mentiras del señor Pedro Sánchez. Le va a permitir volver por la puerta grande».

Antes de que arrancase este debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba la aprobación de los Presupuestos en el patio del Congreso de los Diputados. Y a preguntas de los medios mantuvo abierta la puerta de que en el trámite de enmiendas que ahora se abre se pueda debatir una reforma del delito de malversación. Una operación que aceleraría la vuelta a la actividad institucional de los cabecillas del proceso independentista. Se trata de una reforma que preocupa en el PSOE por su vinculación con la corrupción política. En los últimos días parecía que el asunto se enfriaba porque no ha sido bien encajado por muchas de las piezas del puzzle que conforman la mayoría habitual del Gobierno: «Ahora corresponde a la tramitación parlamentaria».

El Gobierno en su conjunto sigue amparándose en que debe ser una enmienda de ERC la que abra este camino. En el PSOE esta cuestión está generando muchas dudas e incertidumbre. Y es un sentimiento que Sánchez no está cerrando deliberadamente para no incomodar a ERC, que es quien tiene más urgencias con esta cuestión. Ya que además de acabar ya con la inhabilitación de Junqueras tienen pendiente de juicio por malversación a la denominada infantería del proceso independentista. En torno a 40 cargos de la segunda y tercera línea gubernamental.

Sánchez de entrada insistió en que la «voluntad» del Gobierno es «europeizar y homologar» el delito de sedición en el Código Penal a los «estándares de las democracias europeas», fruto de las «lecciones» que hay que «extraer» de lo que ocurrió en Cataluña en 2017. El presidente del Gobierno, en línea con el discurso que está haciendo estos días el primer secretario del PSC, Salvador Illa, restó trascendencia práctica a la supresión del delito de sedición en caso de que hubiese que contestar a un nuevo golpe independentista: «la Constitución cuenta con un instrumento, que es el artículo 155, ante cualquier intento de violentar el orden constitucional e integridad territorial». Sánchez defendió que el Estado de derecho «continuará teniendo instrumentos» y «herramientas para defenderse ante cualquier eventual caso que se pueda producir».

La reforma del Código Penal que incluye el borrado del delito de sedición se aprobará definitivamente antes de final de año. Al optarse por una proposición de ley de los grupos parlamentarios los plazos se acelerarán. En el caso de un proyecto de ley del Gobierno primero se aprueba el Anteproyecto, después hay un plazo para que los órganos consultivos emitan sus dictámenes. Que aunque no son vinculantes sirven para mejorar el texto desde el punto de vista jurídico. Luego el Gobierno aprueba el Proyecto de Ley y ya llega al Congreso. Todo esto no sucederá.

Este procedimiento de urgencia está regulado en los artículos 93 y 94 del Reglamento del Congreso de los Diputados. «A petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia», señala el artículo 93.1. En el artículo 94 se especifica que en esta vía de urgencia «los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario».

Una vez la norma se apruebe en el Congreso pasará al Senado. Donde también se aplicaría una vía de urgencia. En este caso porque lo mandata la Constitución. El artículo 90.3 señala que «el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados».