El juez impulsa la investigación sobre la trama rusa del 'procés' e insiste en la vinculación entre Puigdemont y el Kremlin

Una afirmación que abre la puerta -aunque el juez no hace referencia explícita a ello- a investigar a Puigdemont por alta traición, delito que Junts quiere incluir en la amnistía, cuya proposición de ley se debatirá este martes en el pleno del Congreso. Por el momento, este ilícito no forma parte de los supuestos para el olvido penal, por lo que dejaría fuera de éste al expresidente catalán, aunque no está imputado en la citada causa. El instructor no podría hacerlo directamente ya que es eurodiputado -y tiene inmunidad-.

Entre los investigados sí están Víctor Terradellas, ex responsable de relaciones internacionales de CDC; Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont; y Alexander Dmitrenko, empresario ruso, afincado en Cataluña. En el auto, consultado por ABC, Aguirre apunta que el entorno de Puigdemont habría trabajado para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y concluye que Rusia tenía interés en el 'procés' por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea».

En su resolución, aún no notificada a la Fiscalía y sobre la que, según confirman a ABC desde el Ministerio público, no solicitó informe previo, el juez también recoge como indicio una conversación Puigdemont y Víctor Terradellas, en la que pide al entonces 'president' que lo reciba, porque viene un «emisario de P.», en lo que el instructor sospecha que podría tratarse de un enviado del Kremlin.

También hace referencia a la declaración de Elsa Artadi, quien fuera consejera de Presidencia, que admitió haber asistido a dos reuniones, organizadas por Terradellas, con dos individuos «que hablaban ruso», aunque dijo desconocer quiénes eran. Encuentros de los que luego tenía que informar a Puigdemont, y en los que se habló de «criptomonedas». En el segundo de ellos, que se habría producido en la residencia del 'president', la Casa dels Canonges, habría estado presente el propio Puigdemont, quien, según ésta, pidió a Artadi «continuar las conversaciones con ellos (los rusos)».

Además, el togado alude a otra de las comunicaciones intervenidas, en este caso entre Terradellas y el empresario David Madí -quien fuera mano derecha de Artur Mas-, en la que el primero le traslada que Puigdemont le «habló mucho» de criptomonedas. «Tenemos que ir para aquí», apuntó a su interlocutor. Según Aguirre «la intención última era provocar un cambio de modelo económico, transformando los recursos monetarios con la finalidad de evitar las acciones de control de los poderes públicos». Un inferencia que hace en base a una manifestación de Madí, que señaló que «ellos» -en referencia a la autoridades europeas- no pueden prohibir los bitcoins.

Aguirre también incluye en el auto información de una «carta anónima» que recibió en el juzgado con «recortes de prensa» que «denuncian» que Puigdemont recibió a un «enviado del presidente de Rusia» apenas «unas horas antes» de que el Parlament votara una resolución para declarar la independencia de Cataluña, el 27 de octubre de 2017. Ese individuo sería un «diplomático» que los servicios secretos franceses tenían identificado como «un actor de la diplomacia en la sombra que actuaba a las órdenes del presidente ruso Vladimir Putin».

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Así, sostiene el instructor, resulta «necesario» comprobar la veracidad de tales datos, y si en los teléfonos de Terradellas u otros investigados aparece más información relevante que permita obtener indicios relativos «al soporte que pudo haber dado Rusia al proceso independentista de Cataluña a cambio de unas concretas contraprestaciones en pago por tal ayuda».

En su auto, indica además que los «contactos con altas instancias del Kremlin» se llevaron a cabo tanto antes como después de la «supuesta declaración de independencia», cuando Terradellas, afirma Aguirre, fue «sustituido» por Josep Lluís Alay, ahora jefe de la oficina de Puigdemont. El motivo, según el instructor, es que el primero «quedó marcado e inutilizado como contacto» tras ser detenido en la operación Estela, por la obtención fraudulenta de subvenciones públicas.

También reitera que «consta acreditado» que Alay tuvo conversaciones con el abogado de Puigdemont que «revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin», ya que se refieren a la necesidad de que el 'president' «no critique la labor» de Putin respecto al disidente Navalny, ni tampoco al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko. Según el instructor, Alay y Boye viajaron además a Rusia para «entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin».

«Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay, por encima de ellos, que permitía tales contactos entre dirigentes de CDC, ahora Junts, y el Kremlin», sostiene el juez.

Por todo ello, acuerda la prórroga de la instrucción durante seis meses, a contar desde el próximo 1 de febrero, para proseguir con la investigación. Entre otras, para dilucidar quién habría sido el diplomático que se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges. Contra dicha decisión, cabe recurso de reforma.

Cabe recordar que, tras meses sin ninguna novedad en la investigación, el auto del juez llega en vísperas de que el pleno del Congreso debata, este marte la proposición de Ley de Amnistía para su envío al Senado.