La Fiscalía pide el archivo de la querella contra Colau al no apreciar coacciones contra el fondo Vauras

Fue en junio de 2020 cuando el fondo presentó la queja contra la edil y otros cargos del consistorio. La instructora la archivó pero, tras el recurso del fondo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa. Señaló así el tribunal que el consistorio pudo recurrir a la «amenaza» contra Vauras, al no concederle licencias de obra, como «mecanismo intimidatorio» para que se «plegase a sus pretensiones»: conceder un alquiler social a los okupas. Por este motivo, el ayuntamiento impuso sanciones por valor de 400.000 euros a Vauras, pero, tal y como avanzó ABC, menos de una semana después de que la Audiencia imputase a Colau, revocó el expediente sancionador que había emitido, y notificó el reintegro de las cantidades embargadas por las seis penalizaciones, que el gobierno municipal no llegó a ejecutar.

Ahora, tras la nueva petición de sobreseimiento de las defensas, el fiscal apunta ahora que Vauras «nunca aportó las grabaciones» donde, supuestamente, se escuchaban las coacciones para imponer la cesión del inmueble para alquiler social. Tres años más tarde, sí aportó las transcripciones, aunque en las mismas, apunta el Ministerio público, tampoco se aprecia el «carácter intimidatorio necesario para considerar cometido el delito, no habiendo participado en las mismas la alcaldesa, ni directa ni indirectamente», reza el comunicado que ha emitido este viernes.

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Además, sobre la tramitación de los expedientes municipales, tanto sancionadores como de obras, el fiscal apunta que no se aprecia la existencia de prevaricación, destacando que en la mayoría de expedientes ni siquiera participaron la mayoría de los querellados.

Durante su comparecencia ante instrucción, en marzo de este año, Colau negó haber presionado al fondo para evitar el desalojo del bloque. También aseguró que no había intervenido en la concesión de licencias de obra, que no había dado instrucciones a nadie y que tampoco firmó ninguno de los expedientes sancionadores contra la compañía.

Según Colau, quien propuso sancionar a Vauras, en virtud del decreto ley -entonces vigente- de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña y por el que los grandes propietarios tenían la obligación de ofrecer un alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad, fueron los servicios jurídicos del Institut Municipal de l'Habitatge.

«No hay causa. Ya llevamos 11 querellas archivadas. Otros alcaldes de la ciudad fueron denunciados por entidades vecinales, y nosotros por los grandes operadores, que no están acostumbrados a que les paren los pies», apuntó entonces.