La Justicia ordena imputar a Colau por coacciones y prevaricación al defender a unos okupas frente a un fondo inmobiliario

El Ayuntamiento multó a Vauras Investments porque la empresa se negó a ofrecer un alquiler social a los okupas del conocido como 'Bloc Llavors', que fue finalmente desalojado por los Mossos d'Esquadra en marzo de 2020 -en el sexto intento-.

Además de Colau, la querella también se dirige contra Marc Serra, concejal de Sants-Montjuïc; Lucía Martín, edil de Vivienda, y Fuensanta Alcalá, responsable de Vivienda e Inspección. Todos ellos tendrán que declarar en calidad de investigados. Además, la Audiencia Provincial requiere al consistorio los correspondientes expedientes administrativos.

Fue el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona el que archivó la querella de Vauras en noviembre de 2020, y ahora la Audiencia ha ordenado admitirla a trámite, aunque solo por los dos delitos citados -excluyendo así el presunto cohecho y el tráfico de influencias-.

Para admitir, de forma parcial, este recurso de apelación, los magistrados de la sección 8ª señalan que las sanciones contra la compañía pudieron obedecer a la «espuria consecuencia» del consistorio porque el fondo se negó a ofrecer un alquiler social a los allanadores . Además, indican que el Ayuntamiento pudo recurrir a la «amenaza» de no conceder licencias de obra a la inmobiliaria como «mecanismo intimidatorio» para que ésta se «plegase a sus pretensiones».

En su auto, la Sala subraya que «no cuestiona» la competencia que tiene el Ayuntamiento para fomentar la consecución de viviendas de alquilar social, sino que «lo que se censura en la querella y sería repudiable penalmente, de ser cierto, es que, para conseguir esas cesiones de viviendas para fines sociales, se presione a los tenedores de inmuebles con paralizarles licencias de obras y con causarle perjuicios».

Por su parte, el consistorio ha alegado este lunes que su actuación se ajustó a la normativa vigente de forma «escrupulosa». En una rueda de prensa, los concejales Serra y Martín han acusado al querellante de querer «realizar una operación especulativa en el barrio del Poble-sec ». Según ambos, con un «proceso de expulsión de los vecinos ante la revalorización de las viviendas» ocupadas.

Señalan así desde el Ayuntamiento que la sanción impuesta a Vauras obedeció al decreto ley -entonces vigente- de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña , por el que los grandes propietarios tenían la obligación de ofrecer un alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

«De lo que se nos acusa es de aplicar la legislación de vivienda , que protege los derechos de los vecinos. No podíamos hacer nada más que aplicarla. Tanto por convicción como por obligación legal. Quien debería dar explicaciones es el fondo de inversión por haber desahuciado a familias vulnerables», ha reprochado Serra.

Por su parte, el abogado del consistorio, Àlex Solà, ha recordado que una jueza de instrucción tumbó la querella hace ya dos años , al considerar que los hechos que alegaba el fondo no eran constitutivos de delito, mientras que ahora la Audiencia, estima dos de los ocho ilícitos de los que Vauras acusaba al consistorio. El de coacciones, «por una supuesta reunión en la que se presionó al fondo para hacer algo», ha indicado el letrado, y el de prevaricación, aunque los jueces han requerido al querellante que señale qué resoluciones así lo indicarían.

Esta no es la única causa pendiente del Gobierno municipal con la Justicia, ya que este martes, 26 de abril, la interventora delegada del consistorio, Carmen Torres Morales, tendrá que declarar ante el juez instructor del caso por las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona , que también afectan a Colau .

Torres tendrá que acudir a la Ciudad de la Justicia a prestar declaración a partir de las 10.15 horas para aclarar si recibió instrucciones sobre la concesión de ayudas durante el proceso de concesión. La propia alcaldesa declaró en esta causa como imputada el pasado 2 de marzo.

La querella por estos hechos fue presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática que es también la que pidió la declaración de la interventora que planteó cinco objeciones a uno de los convenios suscritos, en concreto el que firmó con el Observatorio Desc , en el que no hubo concurrencia pública.