La candidata del PSC supera el 'hearing' para el Consejo de Garantías defendiendo la inmersión obligatoria

Durante su comparecencia ante la comisión, Larios ha señalado, para defender el modelo de inmersión obligatoria solo en catalán, que «las leyes de política lingüística que se han aprobado (en el Parlamento de Cataluña) han sido declaradas constitucionales» y ha añadido, erróneamente, que estas normas, que fijan que el catalán y el español son de «ámbito curricular y educativo», tienen el aval del Tribunal Constitucional.

La candidata a ocupar la plaza que dejó vacante en el CGE Laura Díez, nombrada en enero miembro del Constitucional por designación del Gobierno, ha dicho que «el Estatuto, lo que impone a todas las instituciones, es una obligación de resultado», es decir, que los alumnos acaben la educación obligatoria «dominando» los idiomas oficiales de Cataluña. Y ha añadido que «la normativa garantiza los derechos», si bien no ha aportado datos al respecto.

Larios ha defendido la inmersión lingüística obligatoria, que ningún tribunal ha avalado, después de que los portavoces de Vox, Ciutadans y el PP recordaran durante el 'hearing' parlamentario que desde el Síndic, institución en la que trabaja desde 2004, ha colaborado en los informes que niegan el derecho a los niños a estudiar en las dos lenguas oficiales (tres, si se tiene en cuenta el aranés en el Valle de Arán, Lérida).

Como argumento de defensa, Larios, que se ha declarado discípula de Eliseo Aja (catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, fallecido en 2022) y ha realizado toda su intervención en catalán, ha dicho que su «lengua materna es el castellano», su familia «es andaluza», el castellano es una lengua que «quiere» y que, incluso, se encuentra más cómoda hablando en español que en catalán.

Por su parte, Joan Garriga (Vox), que ha criticado la existencia del CGE, un órgano no vinculante y que «nos cuesta 3,4 millones de euros a los catalanes y no sirve para nada», le ha reprochado que desde el Síndic haya estado defendiendo los derechos de los niños pero les haya negado la posibilidad de estudiar en las dos lenguas de la región.

«¿La inmersión lingüística es un derecho de los niños? No. El derecho debería ser el de estudiar en la lengua materna de los niños. Ha estado cobrando dinero (en el Síndic) para defender el derecho de los niños y no les ha dado el mínimo derecho», ha indicado Garriga, que también ha criticado la existencia de la institución del Síndic, el defensor del pueblo autonómico, por considerarlo un órgano duplicado.

Nacho Martín (Ciutadans), que ha lamentado «el acuerdo por lotes» del PSC, ERC y Junts para repartirse «el poder» y configurar, en su opinión, un espacio de entendimiento para unos objetivos «perjudiciales para la ciudadanía», también ha criticado de la candidata que esté a favor de «la exclusión del español» en la escuela.

«No creo que sea una persona idónea para garantizar los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes», ha dicho el diputado liberal, por lo que ha manifestado que «su candidatura no es óptima» para defender el bilingüismo en las aulas de Cataluña.

En la misma línea se ha manifestado Alejandro Fernández (PP). «¿Tiene usted derecho a manifestarse a favor de la inmersión obligatoria? Y tanto que sí, esto no lo duda nadie. Pero no evaluamos su derecho a la libertad de expresión, que nadie niega, sino su idoneidad a formar parte del CGE. Y desde este punto de vista, entendemos que las personas idóneas han de tener una trayectoria de escrupuloso respeto a las resoluciones judiciales, también del respeto retórico», ha dicho.

Aunque por otro tema que no es el de los derechos lingüísticos, Joan Carles Gallego (En Comú Podem) ha anunciado que los comunes, cuando se vote la candidatura de Larios en el pleno parlamentario, optarán por el 'no'. Gallego ha dicho que los comunes valoran «positivamente» la idoneidad de la candidata, pero ha lamentado «el procedimiento» de su elección por haber sido «monopolizado» por el PSC, ERC y Junts. «Votaremos 'no' por el carácter procedimental, pero no por el currículum», ha añadido.

Los grupos que sí darán su apoyo a Larios han sido el PSC, ERC y Junts. Critòfol Gimeno (PSC) se ha limitado a defender que la idoneidad de la candidata «está más que contrastada», Glòria Freixa (Junts), que ha valorado su paso por el Síndic, ha manifestado su deseo de que Larios trate los asuntos en el CGE en la línea de lo que ha ido haciendo en el Síndic, y Jordina Freixanet (ERC) ha dicho que «la candidata se adecúa a los requisitos que los miembros del CGE han de cumplir» y ha defendido el pacto con el PSC y Junts. La CUP no ha intervenido.

Larios, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y profesora titular de Derecho Constitucional en el mismo centro, se ha especializado en el derecho a la educación y la inmigración, y la segregación escolar. Y, en general, en los derechos fundamentales. Curiosamente, a pesar de defender la normativa lingüística (que no se aplica como establecen los tribunales), durante su exposición ha abogado en varias ocasiones en que el derecho debe estar al servicio de las personas y ha lamentado el desequilibro entre las normas y su aplicación.

Tras el 'hearing' en comisión, este jueves, la designación pasará al pleno del Parlamento autonómico, que la votará en los próximos días. Será entonces cuando Larios, a propuesta del PSC, se convierta en miembro del CGE supliendo la vacante generada por Laura Díez, cargo por el que cobrará 129.000 euros al año, más un suplemento adicional si es escogida presidenta, vicepresidenta o consejera secretaria.