Un defensor de parte, Ribó deja el cargo tras 18 años

Giménez-Salinas ha señalado, durante su discurso de aceptación en el Auditorio de la cámara catalana, que trabajará «con rectitud e imparcialidad», tras recordar que no fue elegida por todos los grupos y diputados autonómicos, que sí estaban representados en el acto de este jueves. La nueva síndica ha defendido la «justicia restaurativa» como eje central de su mandato, en contra de la justicia penal, que considera «está obsoleta». En esta línea y en relación al 'procés' se ha posicionado a favor de modificar el delito de sedición para rebajar sus penas y ha apostado por evitar «la judicialización de muchos conflictos políticos», que se podrían resolver mediante pactos. «Tengo confianza en el pacto y el diálogo», ha añadido.

La nueva síndica ha acabado su intervención con un guiño a favor de la ley de lenguas oficiales en la enseñanza, recientemente aprobada en el Parlamento catalán con los votos de PSC, ERC, Junts y los comunes, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera tiene visos de inconstitucionalidad, tal y como han señalado los magistrados en la causa del 25 por ciento de español de diciembre de 2020, al igual que el decreto ley que la desarrolla, al referirse a tres citas en catalán, español y alemán: «Una, vehicular; otra, curricular y otra, sentimental».

Giménez-Salinas es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, fue rectora de la Universidad Ramon Llull y miembro del Govern catalán con Jordi Pujol en el Consejería de Justicia (1995). Entre 1996 y 2001 fue miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de CiU y PP, en el marco del pacto del Majestic con el que los nacionalistas catalanes apoyaron la investidura de José María Aznar (PP) y dieron apoyo a los populares en el Congreso durante la primera legislatura de Aznar (1996-2000).

De esta manera, Ribó ha puesto punto y final a su carrera como Síndic de Greuges, que arrancó en 2004, cuando Pasqual Maragall (PSC) era el presidente autonómico, y para la que se fijó como objetivo «ser temido por la Administración y querido por la gente», una premisa que más bien podría ser justo lo contrario, visto el resultado de su larga historia al frente de la institución estatutaria, y analizando los últimos años en los que se ha posicionado claramente a favor de las tesis independentistas, en contra del Estado de derecho y contra la aplicación de las sentencias judiciales a favor del bilingüismo escolar.

Antes de ser Síndic, Ribó fue diputado en el Congreso (entre 1993 y 1995) y en el Parlamento catalán (de 1980 a 1993 y de 1995 a 2003). Toda una vida en los cargos públicos y cuya carrera ha acabado por defender a las instituciones autonómicas cuando estas han intentado incumplir, sobre todo, sentencias judiciales. Quim Torra, por ejemplo, siendo presidente de la Generalitat, le encargó un informe sobre la pertinencia o no de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos catalanes, pese a la orden de la Junta Electoral Central y los tribunales. Después, hace solo unos meses, salió en defensa de la Consejería de Educación dando argumentos a esta para incumplir la sentencia del 25 por ciento de español en las aulas.

Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en 2017, Ribó se autonombró, desde su posición institucional, defensor de los políticos independentistas y centró sus quejas contra cualquier actuación de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Incluso pidió poder fiscalizar la actuación de los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, las reclamaciones de los partidos y las entidades no nacionalistas cayeron en saco roto, lo que ha supuesto que desde este sector se pidiera insistentemente su dimisión al considerar que no actuaba en defensa de todos los ciudadanos.

La posición de Ribó en defensa del nacionalismo catalán, sin embargo, no ha sido algo nuevo de los últimos años, tal y como recogió ABC en un perfil sobre el político en 2019. Eso sí, lo ha hecho desde su versión teórica de izquierdas -'Sobre el fet nacional' (1977) y 'Catalunya, nació d'esquerra' (1988) son dos de sus libros publicados-, a pesar de formar parte de una familia conservadora y burguesa del catalanismo tradicional. Su padre fue uno de los secretarios dedicados a las finanzas de Francesc Cambó, prohombre catalán que financió a los sublevados en 1936.

Ribó fue uno de los fundadores de ICV en 1987. Entró a militar en el PSUC en 1974 y tres años después ya formaba parte de su Comité Central. En 1986 se hizo cargo de las riendas del partido y un año después lo diluyó en ICV, pese a que mantuvo la Secretaría General hasta 1997. Lideró ICV hasta el año 2000 (menos entre 1993 y 1996) y uno de sus objetivos fue evitar que Izquierda Unida tuviera predicamento en Cataluña. Sus enfrentamientos con Julio Anguita (en 1997, por este motivo) quedan para la historia.

A partir del año 2000, se trabajó ser el elegido para sustituir a Anton Cañellas como Síndic de Greuges. Lo consiguió en 2004 y fue votado por todos los grupos parlamentarios menos CiU, que acababa de perder la Generalitat tras la firma del primer tripartito encabezado por Maragall y que correspondió a Ribó con el nombramiento de defensor del pueblo autonómico. Su paso por la institución, más allá de la acusación de parcialidad ideológica, quedará marcado por su alto coste en viajes (entre 2010 y 2011 se gastó unos 150.000 euros en 50 viajes por todo el mundo), la forma en la que se reformó la ley para que pudiera repetir en el cargo, la acusación a los pacientes del resto de España del déficit sanitario de Cataluña y su relación con un empresario vinculado a la trama del 3% que le costeó dos viajes para ver al F. C. Barcelona, en 2009 y 2015.

Finaliza, hoy, toda una vida en el coche oficial, la mayoría del tiempo de manera literal y los últimos 18 años al frente del Síndic de Greuges, una institución desde la que ha atendido 617.000 quejas y ha elaborado 108 informes. Para este 2022, Ribó tenía asignado un salario de 131.960,78 euros. Deja en manos de Giménez-Salinas una institución con un presupuesto de 7 millones de euros, de los que 6,1 millones son para las remuneraciones del personal de una plantilla de 76 personas. La nueva síndica sucede en el cargo a Ribó (2004-2022), Cañellas (1993-2004) y Frederic Rahola (1984-1992).