De 1.504 a 80 familias: así coarta la Generalitat la demanda de bilingüismo

Cada vez que el modelo de inmersión escolar en Cataluña toma los titulares de la prensa, desde Educación –sea del color político que sea– se dice que los que se oponen a este sistema son o bien casos aislados o poco relevantes. Al margen de que el modelo, tal y como lo pone en práctica la Generalitat dejando el uso del español como lengua vehicular a un nivel «residual», en palabras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con datos de la administración autonómica, ha sido declarado ilegal, y que el bilingüismo en la educación es un derecho constitucional y estatutario , los datos demuestran que las peticiones a favor de la conjunción lingüística no son para nada casos aislados.

Las cifras que maneja y facilita –a través del portal de la transparencia– la Consejería se limitan al periodo comprendido entre los años 2011 y 2021, y están lejos de los ochenta casos individuales que han acabado en los tribunales y cuyas demandas, en su mayoría, han sido ganadas por los padres. Educación no informa de todas las reclamaciones presentadas ante la Generalitat, por vía administrativa, anteriores a 2011, por lo que es de suponer que la cifra real de demandantes sea superior a la de los 1.504 niños .

En este sentido, según Patrícia Gomà, secretaria general de Educación , persona encargada de responder a la petición de este diario, reconoce que «una solicitud entrada por registro puede hacer referencia a uno o más alumnos y, por lo tanto, puede iniciar uno o más expedientes» y asegura que antes de 2011 «se pedía la atención individualizada en lengua castellana a la primera enseñanza, según establecía la normativa desde 1983», pese a que, en realidad, esta (la «atención individualizada») no era lo que pedían los padres, sino la respuesta que daba Educación para no tocar la inmersión.

En cualquier caso, esta cifra oficial, que supera los 1.500 casos, viene a desmentir uno de los argumentos utilizados por el nacionalismo respecto a que son solo casos aislados los que piden bilingüismo en las aulas de Cataluña. Y permite aproximarse a la coerción que la Generalitat ejerce sobre los padres que solicitan por escrito el modelo de conjunción lingüística , pues de esos 1.504 casos registrados apenas unos ochenta acabaron por dar el siguiente paso, tras la negativa de la Consejería, que es el de solicitar ante los tribunales el ejercicio de un derecho recogido en las normas, según la interpretación de los tribunales.

Las distintas asociaciones que trabajan en la defensa del bilingüismo, ya sea apostando por el modelo de conjunción –el que se debe aplicar en Cataluña legalmente– o por el de la doble línea –que es, por ejemplo, el que está en marcha en el País Vasco–, vienen denunciando desde hace años que son muchos padres los que están en contra del sistema monolingüe de la inmersión, pero que una mayoría de estos desiste a dar trámite a su queja, primero, ante el centro y la Consejería, y luego, acudiendo a los tribunales. Además, sostienen, estas entidades, que el sistema lingüístico escolar en Cataluña no puede estar al albur de las reclamaciones individuales de los padres y que debe ser la Generalitat la que cambie el modelo y lo ajuste a la legalidad . Sobre todo después de la sentencia de diciembre de 2020 del TSJC –ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021– que obliga a Educación a extender a todos los centros, las escuelas y los institutos, impartir, al menos, un 25 por ciento de las asignaturas en español.

Una judicialización, responden, que es consecuencia de la desatención de la administración autonómica a una petición inicial por vía administrativa. «Silencio y chantaje. Eso es lo que hace la Generalitat cuando pides que tu hijo sea escolarizado en las dos lenguas oficiales de Cataluña. Así, solo te queda el camino de llevar el caso a los tribunales», apunta Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), quien relata para ABC la praxis que lleva a cabo el nacionalismo para que los padres que piden bilingüismo tiren la toalla.

«Está el típico padre que, sin saber lo que es la inmersión, ve que su hijo al entrar en P-3 no hace nada en español, porque todo es en catalán. Entonces, lo primero es preguntar a los profesores. Estos le dicen que, de vez en cuando, les leen cuentos en español, que no se preocupe que cuando llegue a Primaria su hijo dará un salto en positivo. La mayoría de los padres, aunque no estén conformes con estas explicaciones, creen de buena fe en los profesores. Y callan. Y esperan».

¿Y cuando llegan a Primaria? «Solo tienen dos horas de español a la semana. Algunos padres, entonces, hacen un segundo intento y piden una reunión con los responsables del centro. Primero, con los coordinadores de Primaria, que tienen una respuesta tipo: no se preocupen que sus hijos van a saber bien español. Y en bastantes casos, los coordinadores recriminan a los padres que no entienden que pidan bilingüismo, porque no existe ningún problema».

Con otras palabras, Carlos Basté, presidente de la Asociación por la Tolerancia , entidad que lleva desde 1992 litigando en defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes, ratifica lo explicado por Losada. «La primera reacción de los responsables de la escuela es preguntar a los padres por qué y decir que este problema no existe, que solo está en sus cabezas», responde a la pregunta de este diario. « Los nacionalistas no entienden que esto va de derechos no de conocimientos lingüísticos . Desde la Generalitat ponen en marcha el juego del miedo e insisten, una y otra vez, en que eres el único que pide un modelo distinto a la inmersión y que vas a estar solo en esto», añade Basté. Sin embargo, en contra del mensaje oficial, no es cierto que los padres estén solos y se entiende, así, que desde Educación se esté ocultando la cifra de las demandas de más de 1.500 familias.

Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana , asociación creada en 1998, aporta un ingrediente nuevo para conocer los problemas que tienen los padres. «A Convivencia, como asociación, se la reconocía la legitimación para impugnar temas lingüísticos. Pero esta doctrina cambió en el curso 2007/2008 a petición de la Generalitat. Desde entonces, se estableció que tenían que ser los padres, personalmente, los que acudiesen a los tribunales», dice, y añade: «hasta entonces llevábamos unas cincuenta denuncias».

Este es un tema relevante porque incrementa la necesidad de «héroes», como definen los representantes de las entidades a los padres que, por el bien de sus hijos y porque tienen derecho, llegan hasta los tribunales. No es fácil, pero, al final, con firmeza, siempre ganan los padres a la administración. « El objetivo del centro escolar y la Generalitat es convertir a los padres en señalados, locos y decir que siempre están con las mismas obsesiones . Como si por pedir un derecho fueras extraterrestre», indica Basté. «Te acusan de estar en contra del catalán», añade Losada. ¿Quién acusa? La respuesta es unánime: profesores, directores, incluso las asociaciones de padres... «Hay directores que llegan a decir a los padres que si saben y son conscientes del daño que van a causar a su hijo... ¡por recibir clases en español!», lamenta Escolano.

El director es una de las piezas fundamentales del entramado. «En un caso reciente, por ejemplo, el director de un colegio fue llamando uno a uno a todos los padres que habían pedido bilingüismo. Convenció a 25 de los 27 solicitantes para que renunciaran. Entre otras cosas, el director les decía que si estaban seguros de lo que estaban haciendo a sus hijos», dice Losada. Y añade Basté: «Siempre son con buenas palabras. Las tergiversan. Dicen que son colegios plurilingües, aunque sea todo en catalán».

«El modus operandi de la Generalitat sigue siempre el mismo patrón con el objetivo de no dar un paso atrás en su monolingüismo en catalán», intercede Alejandro Navarro, portavoz de Hablamos Español en Cataluña , entidad que defiende un sistema de libertad de elección de lengua, con una línea en cada idioma oficial y una tercera, bilingüe al 50 por ciento. Navarro corrobora la técnica: el silencio administrativo de la administración, para alargar el proceso, «la coacción más o menos encubierta» y, si lo anterior no funciona, «el ataque personal para que sirva de ejemplo a futuros 'disidentes'». Y remarca: «En este caso, no es la Generalitat la que actúa directamente».

El presidente de Convivencia rememora que para el curso 2011 «conseguimos juntar unas 300 peticiones a la Consejería de Educación, pero al final, tras la negativa de la Generalitat, solo demandaron ante los tribunales cinco personas»; y en el curso de 2015 «fueron unas 400 peticiones registradas... pero demandaron solo siete u ocho». El nacionalismo busca señalamientos como el de Canet, Premiá de Mar o Balaguer . Pero los padres que siguen los consejos de las entidades, generalmente, no sufren acoso.

Si aun así, pese al ejercicio de coerción y negativa del centro, la familia decide acudir a los tribunales, primero tiene que registrar la petición ante Educación. «El que salta esta barrera, pide bilingüismo por escrito», retoma Losada. A partir de ahí, «se convoca al padre a una nueva reunión con la dirección, en la que a veces acuden inspectores, y le reiteran que se está equivocando». Una vez registrado el escrito, «el siguiente paso es que contesten, si quieren, en un plazo de tres meses». Y a partir de entonces, con silencio administrativo en muchos casos, ya se puede acudir a los tribunales. Una vez que el caso se judicializa, al final, se consigue el cambio del modelo lingüístico.

«La Generalitat sabe que, jurídicamente, lo tiene pedido, por eso juega al terror, a la amenaza sutil, a la sugerencia impostada, a intentar que los padres carguen con la supuesta mala formación de sus hijos . Es totalitarismo en estado puro», enfatiza Escolano, que, como el resto de representantes de las distintas entidades, lamenta lo que define como «abandono» por parte del Gobierno de España.

Y sin embargo. Vale la pena. «La inmersión está muerta y la sentencia de 2020 –del TSJC que obliga a extender el bilingüismo a todo el sistema – es el punto y final», asegura Losada, quien no pide «héroes» –ella es una de las ochenta personas que llegó hasta los tribunales– pero sí que los padres sean conscientes de que tienen derecho y que no están solos en su reclamación.

Desde hace unas semanas, las entidades se coordinan para facilitar la labor a los padres. Convivencia y Hablamos lo hacen a través de la iniciativa Ampa Total, para evitar que se señale a los solicitantes , y se creó Escuela de Todos, para reclamar a la Consejería la aplicación del 25 por ciento en todos los centros.