El Constitucional acepta la abstención de los dos ex altos cargos de Sánchez de momento en tres asuntos
Juan Carlos Campo pidió apartarse del voto telemático de Alberto Casero y del recurso contra el «solo sí es sí»; Laura Díez del 25% en las aulas
El Pleno admite a trámite el recurso de Vox contra la ley del "solo sí es sí"
Madrid
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Iniciar sesiónEl Tribunal Constitucional ha aceptado este martes las abstenciones de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez en la deliberación de varios de los asuntos que se iban a tratar en el orden del día del Pleno, el primero jurisdiccional bajo la ... presidencia de Cándido Conde-Pumpido.
Respecto a las recusaciones presentadas contra varios miembros del Tribunal, entre ellas, el presidente, Cándido Conde-Pumpido, se ha designado ponente de las mismas al magistrado Ricardo Enríquez, quien no ha estado presente en el Pleno por el fallecimiento de un familiar, según informan fuentes del órgano. Será, por tanto, en el Pleno previsto para dentro de quince días (al que Pumpido quiere llevar la ley del aborto), cuando se abordarán unas recusaciones que pueden condicionar la composición del tribunal para las deliberaciones que en ese Pleno se lleven a cabo.
Las abstenciones planteadas por Campo y Díez, y aceptadas por sus compañeros, se referían a tres asuntos concretos: el procedimiento que afecta diputado del PP Alberto Casero y el recurso de inconstitucionalidad de la ley del «solo sí es sí» (en el caso de Campo) y la impugnación de la ley de la Generalitat que burló la obligatoriedad del 25 por ciento de castellano en las aulas (Díez).
Pumpido acelera para aclarar las recusaciones contra un tercio del Constitucional
Nati VillanuevaLos magistrados Campo y Díez, altos cargos con Sánchez, piden su abstención en tres asuntos
Respecto al primero de los asuntos la abstención del exministro de Justicia viene motivada por la relación sentimental que mantiene con la presidenta del Congreso, cuyo papel fue fundamental a la hora de rechazar la petición de Casero de votar presencialmente la reforma laboral tras haberse equivocado en el voto telemático. En el segundo, la abstención está justificada en que Campo era titular de Justicia cuando se tramitó la ley del «solo sí es sí», de la que su departamento fue coproponente.
En el caso de Laura Díez, como vicepresidenta de la Comisión de Garantías Estatutarias de la Generalitat se ha posicionado claramente a favor de mantener el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán.
Respecto a las recusaciones, promovidas por Vox en paralelo al recurso que presentó contra la reforma penal que suprimió la sedición, estas se dirigían, además de contra Campo y Díez, contra el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y contra la magistrada María Luisa Segoviano. La recusación de los dos primeros la fundamentan en su condición de ex miembros del Gobierno (Díez fue directora general de Presidencia con Bolaños).
Respecto a Conde-Pumpido, le afean su condición de fiscal general del Estado con Zapatero como presidente y por haber participado directa o indirectamente en asuntos cuestionados ante el TC. Y a Segoviano unas declaraciones que hizo siendo magistrada emérita del Supremo sobre la autodeterminación.
Admisión de recursos
Por otra parte, ha admitido a trámite varios recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas en el Parlamento, entre ellos el de Vox contra la ley del "solo sí es sí". Los recurrentes consideran que se han podido vulnerar, entre otros derechos y principios constitucionales, la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión y la seguridad jurídica, derivada del modo en que se regula el concepto de “consentimiento” en el marco del nuevo delito de agresión sexual. También el principio de proporcionalidad de las penas, por la unificación en un solo tipo penal (agresión sexual) de lo que antes eran dos (abuso y agresión sexual).
Otros de los recursos que han pasado el filtro de la admisión son los presentados por el presidente del Gobierno contra el artículo 12 de la ley de la Generalitat de Cataluña para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y contra el decreto ley del Gobierno de Aragón por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en esa Comunidad. El Gobierno considera que ese decreto puede no acomodarse a la legislación básica estatal en materia de contratos públicos.
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