El Gobierno no descarta desclasificar documentos de las escuchas para contentar a ERC

Pero más allá de las intenciones expresadas a puerta cerrada, el Ejecutivo y el PSOE siguen en una carrera a remolque de los acontecimientos para intentar aplacar a los republicanos, que por su parte continúan elevando el listón de sus exigencias ante lo que consideran un «escándalo» de espionaje que pondría en duda la «calidad del sistema democrático en España».

Ayer mismo la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà , condicionó la continuidad de la «mesa de diálogo» entre ambos gobiernos al esclarecimiento del seguimiento al presidente de la Generalitat y otros líderes separatistas por parte de los servicios de inteligencia.

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva socialista, Felipe Sicilia , abrió la puerta en su rueda de prensa ordinaria a una desclasificación de los documentos en los que se basan las escuchas, entre ellos las autorizaciones judiciales para las mismas que los diputados de la comisión de secretos oficiales del Congreso pudieron examinar a puerta cerrada la semana pasada, aunque solo tomando notas y sin poder fotografiarlos ni llevarse copias. Ese mismo día, los diputados independentistas pidieron que los documentos que mostró Paz Esteban, la directora de los servicios secretos, dejen de ser secretos.

Alegando el precedente de la entrega al juez de documentos sobre la trama Kitchen –el espionaje en Interior en tiempos del PP que investiga la Justicia– como ya había hecho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez , la semana pasada, Sicilia blasonó de que «el Gobierno ha demostrado que está dispuesto incluso a desclasificar información». Aunque matizó que eso solo ocurrirá «si así lo reclama la Justicia o si así lo reclama el Defensor del Pueblo», señaló en alusión a la investigación abierta de oficio por Ángel Gabilondo . Pero sobre todo, dejó claro el portavoz del PSOE, si esa eventual desclasificación no afecta «a la seguridad nacional», como repitió varias veces durante su comparecencia.

Por lo demás, Sicilia enfatizó el respaldo del PSOE y del Gobierno a Margarita Robles , cuya dimisión ha reclamado incluso el socio de coalición, Unidas Podemos . El dirigente socialista aseguró de manera «clara y tajante» que la titular de Defensa «tiene todo el apoyo de la Ejecutiva del PSOE, como lo tiene de todo el Gobierno». Robles, dijo Sicilia, realiza una «gran labor al frente de nuestras Fuerzas Armadas» en un «momento tan delicado» como el que marca la guerra de Ucrania y, añadió, «a las puertas de una cumbre de la OTAN que se celebrará en nuestro país a finales de junio».

Sin embargo, Sicilia evitó manifestar un respaldo tan tajante a Esteban, sobre la que se limitó a decir que «a día de hoy», matizó, «no hay ni una sola información para que la directora del CNI no esté en su puesto». Sicilia explicó además que Esteban tiene «el apoyo de quien tiene que tenerlo, que es de la ministra de Defensa. Es la ministra la que tiene que apoyar a la directora del CNI» concluyó, sacando al presidente del Gobierno de esa ecuación política. El fin de semana, la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , se desmarcaron de la actuación del CNI. «No hubo orden del Gobierno» sobre las escuchas, llegó a decir Calviño.

Es cierto que no es la primera vez que el Gobierno desclasifica información reservada a instancias de un juez y en el marco de una investigación judicializada. Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que no hay precedentes de solicitud de información clasificada relativa a las autorizaciones de intervención por parte del juez de control del CNI, en este caso, el magistrado Pablo Lucas . Tampoco lo hay de una solicitud al margen de un procedimiento judicial por parte de los propios investigados. Pero aun así, esas fuentes entienden que también en este caso, a falta de una regulación expresa, el Gobierno tendría la última palabra. Hasta el punto de que incluso la petición de desclasificación de determinados documentos por parte de un juez –y en el marco de una investigación judicial– no tendría por qué llevarse a cabo si el Gobierno considera que acceder a ello pone en riesgo la seguridad nacional.

La clave está en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 , en virtud de la cual las materias pueden ser clasificadas en reservadas y secretas. Cuando esa clasificación no venga establecida por ley, los competentes para acordarla son el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes del Estado Mayor. Una facultad que no puede ser transferida ni delegada. El artículo 7 de la citada norma deja la desclasificación en manos de las mismas autoridades competentes para clasificar, pero nada dice respecto a quién puede desclasificar cuando el carácter secreto viene impuesto por la propia ley. De ahí que se entienda que los competentes para desclasificar sean los mismos a quien la ley atribuye esta función y que poco tiene que decir al respecto el juez de control del CNI al que el secreto le ha venido impuesto.