Amnistiado Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, acusado de malversación por pagar con dinero público un viaje a Nueva Caledonia

El fallo, fechado el pasado 25 de julio, sostiene que, entre las funciones de Alay destacaba la de dar soporte a Puigdemont en los asuntos y materias que éste dispusiera. Dichos actos estaban vinculados directa o indirectamente tanto al proceso independentista catalán como a sus líderes. Por tanto, los mismos tienen encaje la ley de amnistía, porque «fueron realizados por quien, en aquel momento, de forma manifiesta y constatada, llevaba a cabo funciones de asistencia, colaboración, asesoramiento y representación [del 'expresident'], en cuanto responsable de su oficina».

Precisa, además, la Sección 5a que la amnistía incluye la malversación «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, o cualquier otro acto tipificado como delito que tuviera idéntica finalidad». Y por ello apunta que el apartado cuarto del artículo primero de la ley «ofrece las claves en cuanto a la interpretación del enriquecimiento», señalando que no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos al proceso independentista «cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial».

Procede así «la amnistía total de los actos constitutivos de los delitos por los que se acusa a Josep Lluís Alay», y los magistrados declaran el sobreseimiento libre de las actuaciones contra él, así como la extinción de la responsabilidad civil derivada de los actos expresamente amnistiados.

La Fiscalía pedía tres años de cárcel para Alay al considerar que, «abusando de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont«, excediéndose en sus funciones y apartándose de su obligación de servir a intereses generales propios del personal de la administración pública, contrató un vuelo a través de la empresa Corporation Travel Partners S. A. ,con la que la Generalitat tenía un acuerdo, y pagó con la tarjeta corporativa, después de haber recibido un correo electrónico de la Unidad de Relaciones Externas del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS) de Nueva Caledonia, para que, a título personal y del movimiento independentista catalán, participara en la promoción del proyecto de plena soberanía del FLNKS durante la semana previa al referéndum que se iba a celebrar el día 4 de noviembre de 2018.

Una vez realizado el viaje, y como responsable de la oficina de Puigdemont, presentó propuesta de desplazamiento y viaje individual a Nueva Caledonia a su nombre, ante el Departamento de Presidencia de Generalitat, siendo ello necesario y preceptivo a los efectos de que fuera autorizado el desplazamiento y aprobado el gasto. En dicha propuesta manifestó como motivo del viaje que era invitado como observador. Por ello pasó gastos por los vuelos y dietas.

Así, todos los gastos fueron asumidos y atendidos por este departamento y abonados a través de una partida presupuestaria, el 17 de enero de 2019. De tal modo que el importe del billete se abonó definitivamente a la agencia de viajes y el resto de gastos se abonaron directamente al acusado, «consiguiendo de ese modo un claro beneficio económico particular», rezaba el escrito de acusación del Ministerio público.

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Ahora la Sección 5a descarta el beneficio personal y considera que el gasto sí queda amparado por el olvido penal. Además de esta causa, Alay también fue uno de los investigados por la Audiencia Nacional en el llamado caso Tsunami Democràtic, por las protestas tras la sentencia del 'procés'. Pesquisas que el instructor archivó, a principios de este julio, por su error al prorrogar la causa, en 2021. Otro juez, en este caso, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, lo investigó por una compraventa de petróleo con un empresario ruso afincado en Cataluña, en un caso, derivado de la denominada trama rusa del 'procés', que fue archivado en julio del año pasado.

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