La Audiencia de Barcelona frena la investigación sobre el patrimonio y los viajes de Alay

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que recurrió la resolución del juez Joaquín Aguirre, al considerar que no existen indicios de criminalidad y que dichas pesquisas son prospectivas, es decir, una causa general contra el historiador. Aunque la Audiencia rechaza este último argumento, sí estima de forma parcial la petición del Ministerio público, revoca el auto de Aguirre y lo emplaza a dictar uno nuevo en el que justifique la investigación acordada.

Fue un atestado de la Guardia Civil, fechado en abril de este año, el que llevó al juez a ordenar revisar las cuentas de Alay, al sospechar de un presunto «ilícito incremento patrimonial» del historiador, como «al parecer hizo de forma muy notoria su antecesor», Jordi Castells, «con la aprobación y finalización de los expedientes que la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación acabó bajo su mandato».

Aguirre también solicitó a la Diputación certificar si el organismo abonó los viajes de Alay mientras estuvo en el cargo y quién autorizó dicho pago. Dichas pesquisas se engloban en la pieza principal de la causa abierta por presunta malversación de fondos y financiación del procés.

El próximo 18 de julio, Alay tendrá que prestar declaración ante Aguirre por haber pedido a un mosso d'esquadra información relativa a si podía o no abandonar España, tras ser detenido en octubre de 2020, en el marco de la operación Voloh. Por este motivo, el policía, Xavier M., también está investigado en la misma causa, por haber filtrado información reservada.

El instructor abrió una pieza separada después de que la Guardia Civil interviniese el teléfono de Alay y alertó sobre un presunto uso de información reservada, al detectar que el agente había accedido a la base de datos del Cuerpo para ver si sobre el historiador pesaba o no una requisitoria.

Según los investigadores, el jefe de la oficina de Puigdemont habría mantenido una conversación con el mosso para preguntarle si sobre él existía algún control específico tras su arresto. Algo que, según apunta el Instituto Armado, sería porque alguien lo habría puesto en alerta previa.

Así, el uniformado habría remitido un pantallazo a Alay para confirmar que sobre éste no pesaba ninguna requisitoria, cometiendo un presunto delito de revelación de secretos.