García-Castellón archiva la causa de Tsunami por su error de un día al prorrogar la causa en 2021

Esta es la causa por la que García-Castellón propuso al Tribunal Supremo (TS) que se investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, delito no contemplado en la ley de Amnistía. De ahí que haya comunicado su decisión al Alto tribunal para que decida en consecuencia si desimputar al líder de Junts.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió a media mañana un auto que dejaba sin contenido la parte más importante de la investigación de Tsunami que ha instruido García-Castellón contra líderes y activistas secesionistas y por la que el Supremo, a raíz de una exposición razonada del juez, imputó al expresidente catalán por terrorismo.

Los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio admitían así un recurso de apelación de la investigada Marta Molina Álvarez, secretaria de Movimientos Sociales de ERC, e invalidaron todas las diligencias de instrucción acordadas por el Juzgado Central de Instrucción 6 posteriores al 29 de julio de 2021, fecha en la que acababa la prórroga de la investigación acordada en enero del mismo año.

La defensa de Molina alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías porque el juez acordó prorrogar otros seis meses la investigación un día más tarde de que cumpliera el plazo permitido en la ley, el 30 de julio en lugar del 29 de julio de hace tres años.

Los magistrados, en el auto de este mismo lunes y del que ha sido ponente Carlos Fraile, invalidaban todas las diligencias de investigación acordadas a partir de esa fecha para que García-Castellón dictara un auto de sobreseimiento, como ha terminado haciendo sólo unas horas después, o procediera contra los imputados si hubiera indicios suficientes recabados antes de la misma.

García-Castellón insiste en que ve indicios de terrorismo para mantener la investigación, pero reconoce que, al no haber tomado declaración a los investigados dentro del plazo legal, no puede continuar con ella. Ha tenido que interrumpir sus vacaciones, previstas hasta dentro de dos semanas, para dictar el mencionado auto de archivo.

Se da la circunstancia de que la mayoría de las diligencias de la investigación, que comenzó hace cuatro años, se practicaron en los tres últimos, fuera del período acotado por la Sala de lo Penal. Y el informe de la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, en el que se basó el magistrado para, por un lado, imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a nueve personas más por terrorismo y, por otro, elevar exposición razonada al Supremo por el mismo delito contra Puigdemont y el diputado autonómico Rubén Wagensberg (ERC), ambos aforados, se entregó a la Audiencia Nacional el 2 de noviembre del año pasado.

Entonces, García-Castellón expuso en su resolución que «las diligencias practicadas en las últimas semanas han permitido corroborar, desde la provisionalidad de este momento, algunos» de los indicios obtenidos en los cuatro años que duró la investigación. También fue el pasado noviembre cuando entró en el juzgado el oficio de los Mossos d'Esquadra sobre los disturbios en el aeropuerto barcelonés de El Prat el 14 de octubre de 2019 tras una convocatoria de Tsunami.

En ese informe iban incorporados los atestados levantados por la Policía catalana que revelaron, según explicó García-Castellón en su exposición ante el Alto Tribunal, «el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes» e incluso «de un proyectil con el que se lanzaron piezas metálicas», una especie de tirachinas con el que un agente habría resultado lesionado.

Dichos informes aportaron los principales indicios en los que el instructor se basó para ver terrorismo. «El análisis de estos informes permite inferir elementos relevantes en orden a la tipificación como delito de terrorismo», justificó, teniendo en cuenta que «se logró perturbar el servicio de la aviación civil internacional y los servicios del aeropuerto, poniendo en peligro la seguridad del aeropuerto y del tráfico aéreo», que se impidió el acceso de los pasajeros a las aeronaves y que existió «un riesgo para la integridad física de las personas». Atribuyó además a Tsunami la muerte de un hombre de nacionalidad francesa. Precisamente este último hecho y los disturbios en El Prat son los más graves vistos en la causa, según trasladan fuentes jurídicas conocedoras de la investigación.

Tras la decisión del Supremo de asumir la competencia de la investigación de Tsunami en lo que afecta a Puigdemont y Wagensberg, las decisiones que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el propio juez instructor han tomado este lunes dejan la última palabra sobre la imputación del expresidente catalán en manos del TS, aunque todo apunta a que será difícil que la siga sosteniendo.

La magistrada Susana Polo es la encargada de la causa de Tsunami en el Supremo y el pasado viernes acordó preguntar a las partes si veían procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la entrada en vigor de la ley de Amnistía. El movimiento llegaba a petición de las acusaciones populares y a raíz de las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de aplicar la norma en casos de terrorismo de acuerdo al derecho comunitario.

Puigdemont, que sigue fugado de la Justicia española, todavía no ha prestado declaración como investigado por estos hechos, aunque tampoco los imputados en la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación trasladan a ABC que existe jurisprudencia del Supremo tanto a favor como en contra de que se les pudiera tomar declaración en este punto de la investigación si García-Castellón hubiera decidido continuar el caso con indicios anteriores a 2021.

Desde la defensa aseguraban, antes de conocer el carpetazo del instructor, que «no hay base para mantener la causa contra Puigdemont con lo instruido hasta 2021 así como contra los investigados a los que el juez aún no ha citado a declarar.