Alicia García y Carlos Fernández Carriedo, este pasado lunes en Valladolid junto a representantes de Cecale, UGT y CCOO
Alicia García y Carlos Fernández Carriedo, este pasado lunes en Valladolid junto a representantes de Cecale, UGT y CCOO - F. HERAS
Sociedad

Los permisos de paternidad y maternidad se irán equiparando entre los funcionarios

El objetivo es que progresivamente ambos dispongan de dieciséis semanas

ValladolidActualizado:

Más corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Con esa meta la Junta de Castilla y León se plantea ir equiparando «progresivamente» el permiso de paternidad -que actualmente es de cuatro semanas- al de maternidad, de dieciséis, en el caso de los trabajadores de la Administración pública. Aún no existen plazos marcados para llevar a cabo esta iniciativa, que ya ha anunciado también el País Vasco, y, además, se hará en función de la disponibilidad presupuestaria. Así lo aseguró ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en la presentación del borrador del Anteproyecto de Ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Una legislación que será la primera a nivel autonómico sobre esta materia y que se ha elaborado con el «consenso» del Diálogo Social.

Se trata de «reforzar» el derecho a la conciliación, un reto «que nos incumbe a todos» - el sector público y el privado- e impulsar la «corresponsabilidad», dijo. Y es que, el 58 por ciento de las mujeres renuncian a su carrera para ser madres, una cifra que cae al 6 por ciento en el caso de los hombres. Además, sólo el 3 por ciento de los padres escogió el permiso de maternidad, una vez finalizadas las seis semanas obligatorias para la madre. Así que la Junta, mediante esta nueva legislación, se ha propuesto «equilibrar» estos datos y pretende mejorar las deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF en aquellas ocasiones en que el permiso de maternidad sea cedido al otro progenitor, explicó la consejera, que aseguró, además, que se mantendrán las ventajas para el cuidado de los menores hasta los cuatro años por gastos derivados de su atención en el escuelas o por el cuidado en el domicilio.

Será una legislación «pionera y novedosa» en España que tendrá una amplia participación -ya está colgada en el portal de Gobierno Abierto, pasará por el Consejo Económico y Social y por las secciones de Igualdad y Responsabilidad Pública de la Consejería- y su presentación en Consejo de Gobierno está prevista para antes del verano.

Medio rural

En total, casi noventa medidas dirigidas al ámbito público y privado que tienen muy en cuenta la «realidad sociodemográfica» de la región. Así, establece como «prioridad» a las familias del medio rural con apoyos como la ampliación de las plazas de 0 a 3 años en en ese entorno, pero también tendrán preferencia en el acceso a las medidas de conciliación las familias numerosas y monoparentales, especialmente aquellas con menos recursos, y las víctimas de violencia de género.

El nuevo texto tiene su base en el acuerdo suscrito en el marco del Diálogo Social del pasado mes de febrero e incluye un concepto «amplio» de conciliación porque tiene en cuenta, además del cuidado de los hijos, el de personas con discapacidad y dependientes. En cuanto a las acciones previstas en este apartado en el ámbito público se encuentran las cláusulas sociales, la concesión de subvenciones para compensar la disminución de ingresos por la reducción de la jornada laboral o excedencia y ayudas a las empresas para que contraten a personas desempleadas para las sustituciones y para que impulsen la flexibilidad de horarios.

El sector privado tiene un apartado específico en la nueva legislación. Aquí la intención es que, de la mano de patronal y sindicatos, puedan contemplarse en la negociación colectiva aspectos vinculados a la conciliación, impulsar planes de igualdad y la implantación de horarios más flexibles e, incluso, el teletrabajo en aquellos sectores en los que sea posible, algo en lo que también está previsto trabajar en el ámbito público.

Brecha salarial

Otra de las metas es combatir la brecha salarial por razón de género. En la esfera pública se incluirán cláusulas sociales en las contrataciones de la Administración, de manera que se primará a aquellas empresas que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y que en sus compañías no existen desigualdades en los salarios en función del sexo de los trabajadores.

Ya en el ámbito privado, el texto recoge que deberán impulsarse medidas encaminadas a acabar con la brecha salarial a través de la negociación colectiva, incluso en aquellas empresas en que por el número de trabajadores no estén obligadas a hacerlo. Tendrán, también, que promover acciones que garanticen la participación de las mujeres en los procesos de promoción profesional y se fomentarán las inspecciones para comprobar que se cumple con esta legislación.

El documento permitirá «avanzar» en conciliación y corresponsabilidad, subrayó por su parte el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, que animó a empresarios y sindicatos a ponerse manos a la obra para que todas las medidas planteadas puedan ponerse en marcha.

«Como uno más» trabajarán desde la Confederación de organizaciones empresariales de Castilla y León (Cecale) para que la ley se lleve a rajatabla. Pero, además, su presidente, Santiago Aparicio, aseguró que «cualquier «atisbo de desigualdad» debe ser «reprochado» y debe ser «atajado» pro parte de los responsables de las compañías. Para la patronal el de ayer fue un día «muy importante», no obstante, su responsable recordó que queda camino por recorrer: son las mujeres las que mayoritariamente asumen una reducción de jornada, «hay que equilibrarlo», y es necesario favorecer la «igualdad de oportunidades» en las posibilidades de ascenso para que las trabajadoras «puedan y quieran» asumir cargos de mayor responsabilidad.

En representación de CCOO, Yolanda Martín, mostró la disposición de su organización de negociar cláusulas sociales en los convenios colectivos y planes de igualdad en todas las empresas. Ana Isabel Martín, que intervino en nombre de UGT, recordó que «la conciliación no es sólo un derecho de las mujeres» y agradeció que las instituciones públicas se hayan implicado en una «lucha» en la que los sindicatos llevan mucho tiempo inmersos.