Gobierno y Junta se enzarzan a costa de la aplicación de la ley de educación

Barcones quiso aprovechar la ocasión para hacer «un par de consideraciones» ante declaraciones de «responsables de la Junta» sobre lo que consideró «una voluntad manifiesta» de no acatar la Lomloe. «Quiero dejar claro que las comunidades tienen que cumplir los reales decretos sobre evaluación y promoción que ordenen las enseñanzas mínimas en Primaria y Secundaria, puesto que tienen carácter básico y se dictan al amparo de las competencias que la Constitución atribuye al Estado», incidió la delegada del Gobierno, que avisó, además, de que la Alta Inspección de Educación «tiene la obligación de comprobarlo» y así lo hará.

Tan solo horas después, la Junta respondía a las advertencias y acusaciones de Virginia Barcones. «En Castilla y León somos respetuosos con la ley y la cumplimos aún cuando no nos guste», aseguraba tajante la consejera de Educación, Rocío Lucas , quien consideró, no obstante, que la Lomloe «devalúa el sistema educativo». Precisamente por eso, aseguró, Castilla y León «no se va a plegar a las exigencias de un Gobierno que quiere llevar a nuestros jóvenes a una enseñanza de baja calidad». Y es que, según la titular autonómica de Educación, «el fracaso escolar no se arregla bajando el nivel», le reprochó a la delegada del Gobierno, que había esgrimido antes que la razón de ser de la Lomloe es, sobre todo, acabar con el fracaso y abandono escolar que España lidera en Europa.

«Tenemos un modelo educativo de éxito y es una prioridad inexcusable para nosotros defenderlo y mejorarlo», le advirtió también a la representante del Ejectivo central. Por eso, en el uso de las competencias regionales, la Comunidad seguirá «apostando por la educación basada en el mérito y el esfuerzo» que «tan buenos resultados nos ha dado siempre», añadió. «Y eso implica que podamos informar a los padres de que su hijo ha sacado un uno y no un cuatro y eso hace que en Castilla y León no pasen alumnos de primero a segundo de la ESO con más de dos suspensos », aseguró la consejera, sobre la intención de su departamento de mantener las notas numéricas y el límite de suspensos para promocionar en Educación Secundaria.

Pero, además, desde Castilla y León se quieren enmendar otros aspectos importrantes de la Lomloe e incluirá la Filosofía en cuarto de la ESO y en la Historia de Bachillerato «todos los aspectos históricos relevantes para nuestro país que una ley pésima había dejado fuera», explicó. «Y todo eso cumpliendo la ley y en el marco de la legalidad», garantizó Lucas en este nuevo encontronazo entre la Comunidad y el Gobierno central.

Precisamente sobre esos planes que tiene previsto desarrollar la administración regional en el currículo, Barcones dijo tener la «sensación de que se podría estar utilizando por parte de la Junta para marcar territorios políticos e ideológicos» y eso «no es lo que les compete ni en lo que deberían estar ocupados y preocupados». Ya en los aspectos sobre la eliminación de la evaluación númerica y del límite de asignaturas no aprobadas, que también suprime la Lomloe, Barcones defendió que se trata de una postura «en consonancia con lo establecido en la Unión Europea, sobre todo en el tema de competencias clave», pero también con el Informe Pisa y la propuesta de la Unesco. «La evaluación gobal, continua y formativa en educación obligatoria no es nueva», continuó, antes de considerar que «se quiere hacer ver que la legislación del Ministerio impone taxativamente lo que tienen que hacer los centros». Sin embargo, lo que hace la norma, consideró, es servir de marco al currículo, «al conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico», y más tarde son las autonomías las que tienen «competencia de desarrollar el 40 por ciento». Si bien, detalló, «no necesariamente tienen que añadir un 40 por ciento del contenido. Pueden especificar o hacer énfasis en algo», recalcó.

«Se habla también torticeramente de la cultura del efuerzo y de que se pretenden regalar aprobados», censuró la delegada del Gobierno, para quien el objetivo es principalmente «dejar la decisión de si se debe pasar de curso o no a las docentes, que conocen las circunstancias concretas del alumnado».