Juzgan a un matrimonio por estafa en la compraventa de una casa en 2017, que sigue en su poder y no han pagado

Un matrimonio está citado para sentarse como acusados en la compraventa de una casa en el pequeño pueblo de Herreruela de Oropesa. Según la Fiscalía, participaron en 2017 en la adquisición de una vivienda que sigue en su poder y que no han pagado. Para ello, simularon presuntamente una transferencia bancaria de 70.000 euros, pero la cuenta no tenía fondos.

El procedimiento judicial arrancó en un juzgado de Talavera de la Reina después de que el 17 de febrero de 2017, ante un notario de esta ciudad, tres familiares vendieran en escritura pública una vivienda a los dos procesados, casados en sociedad de gananciales. Los acusados afirmaron haber pagado 70.000 euros por medio de una transferencia bancaria que habrían ordenado dos días antes. Pero no fue así.

Para hacer creer a los vendedores y al notario que les habían enviado el precio pactado, los inculpados idearon supuestamente un plan con el que conseguir que los tres familiares firmaran la escritura y entregaran las llaves del inmueble. Según la fiscal del caso, el acusado pidió y obtuvo, en una sucursal bancaria de Parla (Madrid), un documento que acreditaba haber dado una 'orden de emisión de traspasos y transferencias periódicas' sobre una cuenta suya, en la que -manifestó en la oficina- iba a recibir inmediatamente un abono de 190.000 euros. Dijo que, de esa manera, abonaría los 70.000 euros pactados en una cuenta de uno de los vendedores en otro banco.

El encartado sabía que no había dinero en la cuenta, según la Fiscalía, pero siguió con el engaño: el 17 de febrero, exhibió a los vendedores y al notario el documento que le habían entregado en el Banco de Santander, en el que se acreditaba haber efectuado el pago de los 70.000 euros mediante una transferencia. Entonces, los tres vendedores firmaron la escritura y entregaron las llaves de la casa. «No lo habrían hecho si hubieran sabido que la transferencia no se había efectuado ni se iba a ejecutar por falta de fondos en la cuenta de cargo, de lo que solo después se percataron», sostiene el Ministerio Público.

Los dos acusados de un delito de estafa se enfrentan cada uno a una pena de prisión de cinco años de prisión y nueve meses de multa, con una cuota diaria de 12 euros (un total 3.240). Los 70.000 euros no se han pagado y el hombre procesado retiene las llaves del inmueble, que «mantiene en su poder y posesión», según explica la fiscal en su escrito de acusación, que data de agosto de 2020. Pide también que se declare la nulidad del contrato firmado el 17 de febrero de 2017 y la devolución de la casa, con el pago de los daños que existan.

Entre los testigos, está citado el director de la oficina del Banco de Santander en Parla que expidió el documento que luego permitió a los dos reos poder llevar a cabo la estafa.