Los usuarios del aparcamiento del Miradero vuelven a la carga

Los 200 propietarios de plazas de aparcamiento , cuyos derechos de uso compraron a la empresa Acciona por 12.800 euros cada una, mantienen desde hace siete años un litigio con las concesionaria actual por el elevado coste del mantenimiento del edificio que les obligan a pagar a modo de comunidad, un hecho que se abordó en el Pleno municipal del 17 de noviembre y que se saldó con el respaldo unánime a los propietario en el conflicto suscitado entre la comunidad de usufructuarios y la empresa concesionaria del aparcamiento, Acvil, S.A.. Sin embargo, la titular de una estas plazas en usufructo, María de los Ángeles de Pinto, lamenta que desde ese día «solo recibimos silencios y un manifiesto desinterés».

El conflicto surgió cuando el concesionaria constituyó por su cuenta una llamada comunidad de usuarios, «incluyendo a la totalidad de las plazas de aparcamiento sin tener en cuenta el contenido y la singularidad de nuestros contratos, estableciendo un reparto inapelable de los gastos de mantenimiento de la concesión en base a su pretendida mayoría absoluta, dando origen a una cuota sobrevalorada muy superior a la de otros colectivos similares y sobre todo imprevisible a futuro al quedar sometidos a cuanto decida su consejo de administración», según explica Pinto .

Por este motivo, y ante «esta postura propia de un empresario que solo quiere engrosar su cuenta de resultados», recurrieron al Ayuntamiento, «sin que hasta ahora hayamos percibido ni el calor ni la confianza que esperábamos encontrar en su actual equipo de Gobierno». Después de mucho batallar y gracias al apoyo ofrecido por el PP y Ciudadanos, el Pleno aprobó una moción de amparo por unanimidad con el siguiente texto: «Que por parte del Ayuntamiento se requiera a ACVIL, S.L. para que respete los derechos de los usufructuarios del aparcamiento del Miradero , solicitando a la concesionaria a que deje sin efectos la comunidad de usuarios, en los términos que legalmente sea posible, que se ha constituido unilateralmente, e instando, el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus prerrogativas legales, a la empresa, el establecimiento de las condiciones a seguir en el cálculo de los gastos de mantenimiento a que están obligados los usufructuarios, que respete el fin y la naturaleza de dichas plazas».

En el acuerdo figura una transacional introducida por el Grupo Municipal Socialista que dice: «… en los términos que legalmente sea posible,… », una frase no incluida inicialmente en la proposición. Por eso, María Ángeles Pinto dice que: «¿Cómo vamos a pretender una ilegalidad en nuestras lógicas demandas?, ¿qué razones movieron a incluir esta apostilla? ¿no suena a un intento de bajar el tono de la resolución aportando una sombra de duda a favor de la concesionaria?». Y es que «hasta la fecha no hemos recibido reacción alguna a este acuerdo ni de la autoridad municipal ni de la concesionaria. Digo mal, por parte de la concesionaria sí hemos recibido, después, sucesivas comunicaciones de demanda ante los Juzgados de Toledo».

Por ello, la titular de la plaza se pregunta «qué razones tiene el equipo de Gobierno del Ayuntamiento para no apoyar decididamente a los usufructuarios del apartamiento del Miradero» y a la alcaldesa le pregunta si «van a seguir las buenas palabras sin ningún pronunciamiento ejecutivo que, en el ejercicio de sus prerrogativas legales, trate de poner las cosas en su sitio».