Los VTC vaticinan que la regulación les hará perder una cuarta parte de sus servicios en Andalucía

Añaden el riesgo que esta regulación puede suponer para unos 8.000 empleos directos e indirectos en la comunidad y calculan que las indemnizaciones que podrían reclamar ascenderían a 370 millones de euros, además de generar daños al sector turístico y la hostelería.

En un comunicado, las empresas del sector de los VTC denuncian las presiones que está ejerciendo el sector del taxi para suprimir los servicios públicos de VTC aprovechando la obligación que tiene la Junta de Andalucía a regular este sector antes del 1 de octubre por la retirada de competencias que ha llevado a cabo el Gobierno de España.

En plena negociación del decreto con los sectores afectados, las VTC temen que se impongan criterios que defiende el sector del taxi, sobre todo el establecimiento de un tiempo mínimo de precontratación para los VTC, una restricción que ya impuso Cataluña  este verano y que ha comprometido según el sector la continuidad de 3.000 licencias en aquella comunidad además de generar reclamaciones por valor de 432 millones de euros, según estimaciones realizadas por la consultora Ernst & Young.

Otra de las medidas que rechazan las VTC es la obligatoriedad de que las autorizaciones hayan prestado servicio durante los últimos 12 meses, medida que las VTC considera «contrarias al interés general y de dudosa constitucionalidad» al implicar el «cierre arbitrario de empresas y el establecimiento de límites a la gestión de las mismas, propios de países ajenos al entorno de la Unión Europea».

Ninguno de estos dos aspectos se han incluido de momento entre las propuestas avanzadas por la Consejería de Fomento sobre el decreto en plena negociación con los sectores. Sí incluyen una longitud mínima para los vehículos VTC (restricción a la que se opone el sector) o el establecimiento de zonas de exclusión de los VTC en radios de 300 metros de aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros en torno a hospitales, juzgados, hoteles de cuatro estrellas y lugares donde se celebren eventos. Esta medida es inédita según la consejería en la legislación que han desarrollado el reto de comunidades sobre este servicio público.

De prosperar las propuestas de la consejería, tampoco se permitirá la geolocalización antes de la contratación de servicios por el cliente y se obligará a los conductores a superar una prueba de capacitación, como se hace a los taxistas.

Las empresas de VTC insisten en que las restricciones a su sector suponen «un desafío a la Comisión Europea, cuyas recientes indicaciones para la regulación del transporte compartido, son claras con respecto a la eliminación de barreras y requisitos que puedan perjudicar el acceso de los conductores a la profesión o la supresión de normativas obsoletas, contrarias a los objetivos ambientales de la UE», añade el comunicado.

Para Ignacio Manzano, presidente de Andeval: «Es una buena noticia que la Junta de Andalucía haya decidido aprobar una regulación para un sector que usan casi la mitad de andaluces y que da empleo estable a 8.500 personas. No obstante, lo preocupante es que el taxi esté ejerciendo presión para implantar ciertas restricciones arbitrarias, cuya finalidad sería la limitación de la actividad del sector y, en última instancia, su destrucción encubierta».

José Manuel Berzal, presidente de Unauto, insiste en que introducir un tiempo mínimo de precontratación a las VTC por parte de la Junta de Andalucía supondría la quiebra y desaparición del sector y de sus miles de puestos de trabajo. «Esta restricción -que no ha incluido en el avance de decreto de la consejería- ha sido ya declarada ilegal por tres Tribunales Superiores de Justicia y es completamente contraria a los principios liberales que afirma defender el Partido Popular», expone el portavoz.

El sector de las VTC también ha recibido el apoyo de Juan Antonio GonzálezMarín, Secretario Regional de Acción Sindical de FeSMC UGT Andalucía: que se compromete a «impulsar una regulación proporcionada que haga crecer y prosperar al sector y continúen creando puestos de trabajo en Andalucía».

También Julio Muñoz Rejas, Secretario General del Sindicato Libre de Transportes (SLT) considera «totalmente compatible el servicio de VTC con otros modos de transporte, como el taxi, por lo que una regulación que dé seguridad jurídica a los trabajadores es absolutamente necesaria».

Las empresas del sector advierten asimismo que la reducción de oferta de movilidad en Andalucía tendrá un efecto perjudicial sobre el turismo y la hostelería, la imagen de la región y la experiencia de movilidad de los visitantes. «Esto es esencial en la comunidad de Andalucía, donde el turismo representa un importante motor de crecimiento económico y generación de empleo», añaden las empresas afectadas.

Noticia Relacionada

Al menos dos detenidos y carga policial en la protesta de los taxistas en Sevilla contra la nueva regulación para VTC

S. L.

Varios de los manifestantes, que han acudido con tambores y banderolas, han intentado tirar las vallas y han lanzado huevos ante el Parlamento andaluz

En este sentido, el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, defiende la existencia del sector VTC por su influencia sobre el turismo y la experiencia del viajero. «Desde la Mesa del Turismo de España instamos a la Junta de Andalucía a que dé respuesta a la necesidad urgente e inaplazable de regular las VTC, dejando de lado restricciones que, además de empeorar la calidad de la movilidad y la imagen de la región ante los turistas que nos visitan cada año, como ha sucedido en regiones extremadamente restrictivas con la VTC como Baleares, Valencia o Cataluña».