La Generalitat blinda el taxi y prevé reducir de 4.000 a 1.000 las VTC con una regulación más restrictiva

El texto, que contará con el apoyo parlamentario del PSC y debe ratificarlo el Parlament en un mes, contempla crear una nueva licencia que permita a este tipo de vehículos prestar servicios urbanos, que incluyen los servicios dentro AMB.

Alguno de los requisitos incluidos, introducidos por el PSC como condición para apoyar el texto, implican en la práctica el veto a muchos de los vehículos circulando. Por ejemplo, los vehículos que pidan estas licencias deberán tener una longitud mínima de 4,9 metros, lo que equivale a coches «de alta gama», según declaró a la prensa la directora general de Movilidad y Transportes, Mercè Rius. Del mismo modo, los propietarios de licencias que deban cambiarse de vehículo deberán adquirir un coche con etiqueta medioambiental Eco ó 0; mientras que los que ya sean propietarios de automóviles con las medidas mínimas, podrán circular con la etiqueta C.

Según denuncia desde la firma española de VTC Cabify, la medida es excesivamente restrictiva, recordando al respecto que de los 859.477 turismos y todoterrenos matriculados en España, únicamente 8.544 coches tenían una etiqueta ECO o Cero con una longitud de más de 4,90 metros, según datos de Ideauto, lo que supone un 0,99%.

Cabify apunta que con la regulación la Generalitat aboga por un «monopolio en el transporte», lo que genera «una falta de incentivos que redunda, precisamente, en un peor servicio para el ciudadano« y la pérdida de miles de puestos de trabajo. El modelo barcelonés es opuesto al de la Comunidad de Madrid.

La regulación aprobada hoy impide por otro lado que las licencias no puedan transmitirse, aunque las personas físicas lo podrán hacer una vez durante la vigencia del Decreto Ley o en caso de muerte o jubilación del adjudicatario.

Está previsto que la norma tenga una vigencia de dos años, ampliable a otros dos, mientras se está a la espera que la justicia dicte la legalidad de la precontratación (se establece un mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación del servicio) y de la ratio 1 vtc por cada 30 taxis.

La nueva autorización, otorgada por los municipios y el AMB, estará sujeta a tener una de las autorizaciones actuales, a que se haya tenido un vehículo adscrito de manera continuada durante el último año y a que haya prestado servicio en el último año. Además, el seguro de estos vehículos será equivalente al del taxi, no se admitirá el renting y el conductor deberá tener un mínimo de dos años de carné.

La normativa endurece las sanciones, especialmente para los vehículos con licencia de fuera de Cataluña, que pueden alcanzar 2.000 euros y la inmovilización del vehículo, las mismas que en el caso de incumplir la precontratación de 15 minutos, informa Ep. El texto también prevé multas de 4.000 euros e inmovilización del vehículo si recogen clientes sin contratación previa o que circulen en búsqueda de clientes, y en caso de trabajar sin licencia, pueden alcanzar los 6.000 euros.