Las universidades públicas andaluzas avisan de graves problemas de financiación en 2024

El rector de la UPO y presidente de AUPA, Francisco Oliva, ha presentado ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento autonómico este análisis y ha pedido la revisión del marco de financiación para 2024 ante la situación de «incertidumbre» que se ha generado con el actual presupuesto dados los gastos en los que van a tener que incurrir las universidades públicas.

De acuerdo con el criterio de las universidades, el marco presupuestario andaluz para el próximo año no da respuesta a los incrementos obligatorios en materia de retribuciones como la subida de los salarios que ascenderá a un 3% durante el próximo ejercicio, a lo que se añaden los costes de la Seguridad que experimentarán otro incremento. Junto a esto en 2024 entran en vigor, entre otras cuestiones, los complementos autonómicos pactados para el profesorado (17 millones), y otros conceptos que suman otros seis millones más. «Además hay cuestiones pendientes como el pago de los trienios a los investigadores, o las cuotas de Seguridad Social a estudiantes universitarios en prácticas», recoge el documento, que advierte que el incremento del límite de gasto en personal (el 5%) no cubre todos los compromisos e incide en que además se ha producido una subida de costes de mantenimiento. Tampoco se avanza según los rectores en la aspiración de que se alcance una asignación presupuestaria que represente el 1% del PIB en el año 2027. Si en 2023, el presupuesto estaba en el 0,93% del PIB; en 2024 el porcentaje se queda en el 0,88%.

Las universidades, además, lamentan que «no se ha recogido ni siquiera una partida presupuestaria destinada a acometer un plan de inversión en infraestructuras que complemente las acciones que las universidades podrán realizar de acuerdo con el modelo de financiación que fija hasta 20 millones de euros como plan extraordinario de inversión«. En este sentido, la Consejería responde que se les ha solicitado a los rectores que hagan llegar sus propuestas de actuaciones para poder diseñar la planificación.

Este escenario se complica aún más con la entrada en vigor en 2024 de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, cuya implementación es de carácter estatal, que implicaría la contratación de más de 1.000 plazas de profesorado ayudante doctor y un coste de más de 45 millones cuya financiación sigue sin resolverse.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación subraya que «Andalucía es la región que más invierte en universidades según su PIB» y que el sistema «nunca había recibido tanto dinero como ahora». De acuerdo con el área los Presupuestos de 2024 cumplen con el modelo de financiación aprobado por unanimidad hace unos meses con creces, ya que incluso se aportan más recursos de los previstos.

«Somos conscientes de que a las universidades les ha subido la luz como al resto de las administraciones, empresas y familias españolas. Aún así, el modelo dispone de los mecanismos para estudiar la situación del capítulo II, pero hay que decir que si todas las familias e instituciones nos tenemos que apretar el cinturón, también las universidades«, apunta la Consejería.

En cuanto a la aplicación de la nueva ley, la Junta recuerda que la financiación es estatal: «Los rectores deben reclamar al Gobierno de España la financiación de la ley que prometió y los 10 millones de euros que prometió el Ejecutivo por el aumento de plazas de Medicina. Además, deben pedir explicaciones por los 150 millones pactados con ERC para las universidades catalanas. Quien no cumple con su compromiso es el Gobierno de Pedro Sánchez».