El último peaje en la sombra de la autopista de Sevilla a Cádiz

El último 'peaje' de la autopista de la discordia es consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a la Administración regional a indemnizar a la empresa concesionaria con la citada cuantía. Los 5,68 millones corresponden al IVA de tres anualidades (2012, 2013 y 2017) que el Gobierno andaluz se negó a abonar cuando la presidenta era la socialista Susana Díaz, actual senadora por la Comunidad.

«La inactividad de la Administración demandada al no afrontar el pago de las refacturaciones giradas incumple el convenio suscrito en la medida que conlleva una transgresión de la cláusula de neutralidad del IVA para Aumar, a cuya satisfacción, recordemos, aquella parte voluntariamente se comprometió cuando suscribió el convenio», concluyen los magistrados, que estimaron el recurso presentado por la empresa concesionaria.

La sentencia fue dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA el 17 de noviembre de 2021, aunque no ha sido hasta el pasado 22 de noviembre, una vez que ha adquirido firmeza, cuando el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al abono de 5.681.632,19 euros en concepto de principal. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha tramitado una modificación presupuestaria «con el objetivo de dotar los créditos necesarios» a la Dirección General de Infraestructuras Viarias para saldar esta cuenta heredada del Gobierno socialista.

Aunque el pleito se inició en el año 2018, tiene su origen en una promesa adoptada en mayo de 2005 por el Ejecutivo de Manuel Chaves (PSOE). El entonces presidente de la Junta se comprometió a eliminar uno de los dos peajes de la AP-4, el ubicado en Jerez de la Frontera. El Ejecutivo andaluz se comprometió a pagar 72 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2019, año en el que finalizó la concesión. A cambio, Aumar dejaría de cobrar el uso de esta vía en el tramo que conecta la localidad gaditana de Puerto Real con la ciudad jerezana.

Mediante el citado documento, la Administración asumía «una serie de obligaciones económicas conducentes a compensar a Aumar por la ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión por la no efectividad del cobro del peaje en el referido tramo de la autopista». Así reza en el convenio que, según la sentencia del TSJA, se ha incumplido. De ahí que haya desembocado en una condena que va a acarrear a las arcas públicas el desembolso de en torno a 6 millones de euros con los intereses. Al menos no tendrá que abonar las costas.

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Ésta es la consecuencia. El conflicto es una cuestión más compleja que tiene que ver con el pago del IVA a Hacienda. La Agencia Tributaria realizó una serie de liquidaciones sobre la repercusión de este impuesto con fechas del 29 de junio y 20 de octubre de 2017 que generaron en la empresa que gestionaba la autopista un gasto extra en 5,68 millones de euros. Dentro de la compensación pactada con la Junta por la liberación del citado tramo, se había omitido repercutir, declarar o ingresar las cuotas del IVA. Sin embargo, Hacienda sostenía que la aportación económica de la Administración sí estaba sujeta al impuesto.

Tras toparse con Hacienda, Aumar rectificó las facturas de tres anualidades para incluir el importe relativo al IVA e instó a la Junta a su abono. El tribunal le da la razón. «Pese a la relativa oscuridad del convenio, que no impone expresamente a la Administración la obligación de soportar IVA alguno», ante «la eventualidad de no poder repercutirlo», Aumar sufriría «un manifiesto e injustificado empobrecimiento patrimonial», señala la sentencia. El Gabinete jurídico había rechazado el pago alegando que no estaba obligado a ello.

Los andaluces tendrán que pagar con efecto retardado –e intereses– el coste de esta decisión errónea, el que será el último peaje de la AP-4.