La UE evaluará que la violencia de los narcos se considere 'eurodelito'

Las conclusiones de aquella visita se recogen en una propuesta de directiva europea del PP para garantizar la seguridad de los agentes que luchan contra el crimen organizado en las calles. Entre las peticiones está que agresiones como las relatadas sean consideradas un delito europeo o eurodelito.

El documento al que ha accedido ABC explica que «considerando el aumento de la criminalidad se exige la protección jurídica de estas profesiones mediante el reconocimiento como eurodelito», aclarando que es un fenómeno que trasciende las fronteras, como se pudo ver estas semanas tras la detención de una organización sicarios que realizó un ajuste de cuentas en Fuengirola.

Los mismos asesinos que actuaron en diciembre del año pasado en la Costa del Sol acribillando a un joven con un fusil, mataron unos días después a otro rival en Ámsterdam. En la operación uno de los sicarios tuvo que ser abatido en Holanda por la Policía, después de herir de gravedad a un agente contra el que disparó y a una mujer que estaba en la calle con una bala perdida del tiroteo.

La misión extrajo como conclusión en Barbate que el problema no solo era andaluz o de una frontera sur, sino global por el tipo de mafias internacionales que operan en el territorio. Por eso, el reconocimiento daría otra dimensión al problema, además de obligar a los estados miembros a tener unos estándares igualitarios de seguridad para aquellos que están destinados a proteger a los ciudadanos y sus derechos fundamentales.

El objetivo que no pase como en Marbella, donde un inspector de la Policía Nacional estuvo a punto de morir al ser recibido por un británico que abrió fuego con balas de guerra, que perforaron una columna y alcanzaron al policía en la espalda. La desprotección del inspector llegó al extremo que tuvo que ganar la condecoración con distintivo rojo al Ministerio de Interior en los tribunales.

Ese tipo de historias las pudieron constatar en una misión que se fue de las costas de Andalucía «derrotada», pese a los intentos de minimizar la crudeza de la situación retirando, por ejemplo, la zodiac destrozada en la que fueron asesinados los guardias civiles de Barbate. «Los testimonios eran desgarradores», recuerda Maravillas Abadía, una de las eurodiputadas en aquella misión del pasado mes de mayo y que es la proponente de esta directiva al Parlamento Europeo.

Los testimonios de los agentes en Barbate y Algeciras, así como de las familias de las víctimas hicieron que el grupo de eurodiputados se sensibilizara, muchas veces entre lágrimas, con la brutalidad del crimen organizado a la hora de conquistar los más de 1.000 kilómetros de costa de Andalucía. Una puerta abierta sin medios suficientes para protegerlas.

De este modo, la Unión Europea no solo tendrá que debatir un marco legal común, donde todos los estados miembros se comprometan con unos estándares de protección de policías, militares, funcionarios de seguridad de prisiones y agentes de aduanas y fronteras, así como de operativos de emergencias, sino que tendrá que ir más allá para garantizar una serie de derechos y condiciones laborales que, por ejemplo, en Andalucía son necesarias y muy demandadas por los sindicatos de Policía y por las Asociaciones de la Guardia Civil.

No solo se pide la declaración de «profesión de riesgo» a la que se niega el Gobierno de Pedro Sánchez, sino regular desde Europa la compensación económica de las condiciones de especial riesgo, la rebaja de la edad ordinaria de jubilación o adaptar la jornada laboral al nivel de peligro.

Jubilaciones dignas para aquellos que tienen que dejar el servicio, como el agente del EDOA de Málaga, que en una detención de un narco en Granada estuvo a punto de morir. El narco embistió al compañero y luego, al verlo en la parte trasera de coche, aceleró para atropellarlo. Atrapó sus piernas entre los dos coches y solo la reacción de su compañero le salvó la vida, pero no la carrera. Al final, tuvo que dejar el Cuerpo por las secuelas.

El peligro es evidente. La lucha contra los narcos no sale gratis. Durante meses, un agente de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas (Udyco) de la Policía Nacional en la Costa del Sol estuvo con cefaleas, vértigos, pérdida de movilidad en un dedo y sin el oído izquierdo. Mientras seguía a una furgoneta cargada de droga, un vehículo lanzadera de seguridad trató de matarlo. Lo embistió, hizo que su coche diera vueltas de campana y trató de rematarlo. Acabó en la UCI temiéndose por su vida. Logró salir adelante, pero han quedado algunas secuelas como recordatorio de aquel ataque.

Con esa experiencia, la proposición es que Europa haga que los estados miembros garanticen medidas adecuadas para la protección de su salud y que tengan un acceso inmediato a la asistencia. Por eso se propone exigir planes de prevención de riesgos para la salud física y mental, así como programas de acompañamiento a los heridos.

En el caso de una enfermedad, lesión o muerte derivadas del desempeño de sus funciones se pide garantizar a su familia la percepción de los derechos económico-financieros con una indemnización adecuada por los servicios prestados del agente.

Es decir, que no se vuelvan a repetir episodios como el acoso a la esposa de uno de los agentes asesinados en Barbate, a la que llegaron a vandalizar el coche y que, además, sus hijos, queden cubiertos ante la falta de su padre.

Para eso también es fundamental la atención psicológica, que también se quiere regular. Los profesionales de riesgo a los que se aplica la presente directiva tendrán acceso a asistencia psicológica para la prevención y el cuidado de la salud mental. Todos los casos narrados han tenido episodios de estrés post traumático, que han tenido que ser tratados.

Del mismo modo, ese mismo apoyo se pide regularlo para los familiares dependientes. «Tendrán acceso a programas de apoyo psicológico y social en aquellas situaciones derivadas de la actividad laboral del profesional de riesgo», expone el documento.