Zarrías declara que todos conocían las ayudas de los ERE porque estaban en el programa electoral del PSOE

Aunque ha afirmado que era «pública y notoria» la concesión de ayudas de este tipo, cuyo procedimiento lo ha sentado en el banquillo de los acusados junto a 21 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía, Zarrías ha contestado que «no lo sé» o «no le puedo decir» cuando el fiscal Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado a dónde tenía que acudir un trabajador andaluz para conocer si cumplía los requisitos para recibir ayudas sociolaborales.

Zarrías, que se enfrenta a una posible pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha justificado su desconocimiento por los aspectos concretos de estas subvenciones amparándose en que « la competencia estaba residenciada en la Consejería de Empleo ». «No le puedo decir, señoría. Era público y notorio, señor fiscal, a través de las centrales sindicales..., no le puedo concretar», ha puntualizado.

El antiguo número dos del expresidente andaluz Manuel Chaves -que se sienta en el banquillo junto con José Antonio Griñán- ha afirmado que cuando estaba convencido de que había regulación para la concesión de las ayudas .

A este respecto, ha señalado que tales ayudas estaban bajo el paraguas de la Ley de Hacienda, que regulaba las subvenciones; las leyes de presupuestos de la Junta y también existían normas estatales como la órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas. « Regulación había», subrayó .

A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, Zarrías, que presidió durante estos años la Comisión General de viceconsejeros andaluces, también conocidos como «consejillos» , ha indicado que no conocía el programa 31L, por el que se pagaban las ayudas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -después llamada Agencia IDEA- a través de transferencias de financiación, dinero que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo enviaba a este ente instrumental. «Sabía que entre las competencias de Empleo estaban las ayudas, pero no conocía la normativa», afirmó.

El exconsejero y exvicepresidente de la junta ha relativizado la importancia de las ayudas sociolaborales porque el objetivo principal del Gobierno andaluz era que no se cerraran las empresas y no se perdieran puestos de trabajo. « Cuando se planteaba una ayuda sociolaboral se fracasaba en el intento de salvar la empresa », ha asegurado.

Los 22 ex altos cargos de la Junta están acusados de crear y mantener un procedimiento con el que el Gobierno andaluz repartió entre 2001 y 2011 un total de 855 millones en ayudas sociolaborales presuntamente de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según determinó el juez instructor que dio por cerrada la investigación.