El TSJA investiga al consejero andaluz Ramírez de Arellano por prevaricación

El Gobierno de Susana Díaz ha mostrado su confianza plena en el consejero. «Se trata de un asunto meramente administrativo y está absolutamente acreditado el procedimiento, que tiene todos los requisitos legales para la adjudicación», señaló en septiembre pasado el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Según recoge el auto, los informes de la Policía judicial emitidos tanto en el seno de las Diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía de Sevilla como en las de la Fiscalía Superior de Andalucía, así como la documentación recabada, «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del Proyecto Básico, el «Estudio Preliminar de instalaciones», el Proyecto de Ejecución y la Dirección de obra del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de Arquitectura en detrimento de otros, lo que, de comprobarse cierto, podría resultar imputable a don Antonio Ramírez de Arellano López, en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones».

Los hechos, en caso de ser confirmados, « podrían tener relevancia penal , por lo que han de ser investigados», señala la resolución judicial, que añade que en cuanto a la autoría, «el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por el Sr. Ramírez de Arellano López por tener competencia para ello , en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar».

La Sala también recuerda que la decisión de incoar unas diligencias previas está en función de una primera valoración de lo expuesto en la denuncia o querella y de su verosimilitud. En este sentido, se señala que «que la verosimilitud comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia , pues únicamente determina que el órgano judicial deba realizar diligencias de investigación que conduzcan a valorar si, por ser probable, la conducta descrita deberá ser enjuiciada».