El Tribunal de Cuentas reclama 15,6 millones a ex altos cargos socialistas de Andalucía por el 'saqueo' de los ERE

El Tribunal de Cuentas lleva una década tratando de identificar a los responsables del supuesto saqueo que se ocasionó a las arcas públicas que una sentencia de la Audiencia de Sevilla cifró en casi 680 millones de euros . En un acta de liquidación provisional, el instructor de las diligencias pone números al supuesto desfalco y señala como responsables a tres exdirectores de Trabajo que manejaron la ‘caja’ de los ERE.

El órgano fiscalizador les reclama 15,67 millones de euros en total, repartidos de la siguiente forma. A los herederos del fallecido Francisco Javier Guerrero , que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, les impone la cuantía más elevada: 7,69 millones de euros. A su sustituto en el puesto, Juan Márquez Contreras (2008-2010) le requiere el desembolso de 5,18 millones de euros. Ambos fueron condenados a siete años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos por la Audiencia Provincial de Sevilla en la causa penal de los ERE que instruyen en paralelo los juzgados de Sevilla.

El tercer presunto responsable es Daniel Alberto Rivera Gómez (2010-2012), que se enfrenta a una liquidación de 2,78 millones de euros, en el momento en que la resolución sea firme. Durante la vista celebrada para comunicarle la medida cautelar, Rivera mostró su disconformidad a la misma alegando que él recibía las instrucciones de sus superiores y que carecía de personal idóneo de apoyo para trabajar. Declaró también que tras descubrir, a través de la prensa, que había beneficiarios indebidos de las subvenciones, denuncia los hechos ante el juzgado, paraliza los pagos e inicia un procedimiento de revisión de oficio de las ayudas irregularmente otorgadas.

Como Javier Guerrero falleció en octubre de 2020 a causa de una neumonía, sus herederas pasan a ser las responsables solidarias de la cuantía reclamada a este ex alto cargo, incluso en el caso de que éstas opten por aceptar la herencia a beneficio de inventario , puntualiza el acta del instructor.

Los ex altos cargos son responsables del desvío de fondos públicos «en su condición de autorizadores del gasto y ordenadores de los pagos y beneficiarios directos de las ayudas», advierte. El órgano fiscalizador puso el listón en el segundo nivel de la Consejería de Empleo de la Junta.