Todos pendientes de Montoro para salir del laberinto de las 35 horas de los funcionarios andaluces

La medida cautelar llega después de que el Consejo de Ministros presentara un recurso contra la rebaja a 35 horas semanales de la jornada laboral de los empleados de la Administración autonómica, en vigor desde mediados de enero. En paralelo, solicitó al Tribunal dejar sin efecto la norma autonómica mientras se resuelve este choque de trenes jurídico.

Pero Montoro aguanta la presión sin destapar sus cartas en una negociación entre las dos administraciones de la que todo el mundo habla pero de la que nada se sabe. Tras haber manifestado que no quiere conflictos en este terreno y que incluso estudia implantar una medida similar en determinados sectores públicos a partir de 2018, desde su departamento no dan pistas de cómo se va a salir de este laberinto donde están encerrados los 270.000 empleados públicos que trabajan para la Junta, «la principal empresa de Andalucía», como la definió su presidenta, Susana Díaz.

El ánimo de negociar sigue vigente pero no hay nada nuevo. Es lo que responden escuetamente desde el Ministerio a ABC cuando se le pregunta por las gestiones realizadas, mientras en el Gobierno andaluz siguen apretando para buscar una solución a este «desaguisado» . Eso sí, utilizan un tono más conciliador que el del pasado lunes cuando se enteraron de la noticia.

A la Administración autonómica le urge una respuesta. Si puede ser antes de septiembre, mejor, para no comprometer las 2.400 contrataciones previstas para el comienzo del curso escolar por la reducción de la jornada.

«Una vez más, reclamamos al señor Moreno que también alce la voz y actúe en la medida que pueda para evitar este atropello », reclamó el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, tras responsabilizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de provocar el «problema» que ha desembocado en la suspensión cautelar del decreto ley. Por cierto que ayer la Junta de Andalucía aún seguía sin haber recibido la correspondiente notificación de las providencias del TC.

En la sede del PP andaluz, Juanma Moreno se reunió por la tarde con representantes de los sindicatos CSIF, CC.OO. y UGT en Andalucía para intentar aplacar los ánimos de los trabajadores.

Por primera vez San Telmo y San Fernando (la sede del PP regional) están de acuerdo en algo. El dirigente de los populares andaluces se comprometió con los delegados sindicales a auspiciar un acuerdo entre el PP y el PSOE para instar al Consejo de Ministros a pedir que el Constitucional deje sin efecto la suspensión de la norma hasta que éste se pronuncie .

En la entrevista también se planteó que el Gobierno podía establecer una jornada laboral máxima y negociar la mínima con cada comunidad autónoma. Entre los sindicatos se valoró la disposición de Moreno a ejercer de mediador en el conflicto , pero los sindicatos están decididos a que se les oiga. Hoy podrían anunciar un calendario de movilizaciones y la convocatoria de una huelga también está sobre la mesa.

Moreno apostó por que el Estado levante la suspensión cautelar, aunque dejó entrever que es algo complicado. El Ejecutivo central tiene una forma de proceder que a veces lo posibilita y «otras veces no», aseguró el jefe de filas del PP-A, quien recriminó de nuevo a la presidenta andaluza que haya preferido « una buena bronca que le dé grandes titulares y que pueda arañar un puñado de votos» antes que alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Unos y otros buscan culpables, pero nadie es inocente en este conflicto. El Ejecutivo socialista acortó por su cuenta y riesgo la jornada laboral consciente de que estaba abocado a estrellarse contra el Constitucional , como, en efecto, le había ocurrido previamente al gobierno de Emiliano García-Page en Castilla La Mancha. El TC anuló las 35 horas en esta región por desoír la normativa estatal dictada de acuerdo a sus atribuciones exclusivas.

El Gobierno central ha aportado su grano al problema para que éste se enquiste. Primero, dio cuerda a la Junta de Andalucía para que aplicara durante meses la jornada reducida, una estrategia que en los círculos políticos se interpretó como que Mariano Rajoy daba un balón de oxígeno a Susana Díaz frente a su rival en el PSOE, Pedro Sánchez. Luego esperó hasta el último minuto (a punto de vencer el plazo legal) para impugnar una norma que consideraba inconstitucional. El resultado es un laberinto para el que no se atisba todavía una salida.