La Junta abre una brecha en el Gobierno central con las 35 horas de los funcionarios en Andalucía

Mientras Guindos adoptaba un papel de duro frente a la Comunidad disidente, Cristóbal Montoro daba oxígeno a las tesis del Gobierno andaluz abriendo la puerta a acortar la jornada laboral con vistas a 2018 para determinados sectores públicos. El cambio de criterio era anunciado por su secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro , sólo tres días después de que el Consejo de Ministros pusiera en marcha la maquinaria administrativa —apurando al máximo el plazo que tenía— para impugnar la iniciativa unilateral de Susana Díaz.

El Ejecutivo alegó que invade competencias estatales y solicitó, al tiempo, su suspensión cautelar , toda vez que el Gabinete de Rajoy fijó como obligatoria a través de la ley de presupuestos la jornada de 37,5 horas para todas las administracionas públicas.

Ofreciendo una cara más amable que Guindos, Montoro insistió ayer en abrir un debate con las regiones y corporaciones locales para decidir en qué servicios públicos sería factible recortar el tiempo de trabajo.

En ningún caso sería con carácter general, puntualizó el ministro de Hacienda, resuelto a «evitar la conflictividad» con las autonomías porque «no conviene a nadie» . Montoro no es el único dirigente que apuesta por la vía diplomática para enfriar una patata caliente que enturbia las relaciones del Ejecutivo con los empleados públicos.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno , es de la misma opinión y ha pedido al ministro que« si se pueda evitar se evite » pedir la suspensión cautelar, como solicita la Junta. Según informó ayer Moreno a los periodistas, el Gobierno central está sopesándolo pero hay «problemas jurídicos» para darle marcha atrás porque hay que rectificar un acuerdo del Consejo. El dirigente popular le reprochó a la presidenta andaluza que optara por «buscar la bronca» para «intentar arañar votos», guiada por la «antigua estrategia» de la confrontación.

En la decisión gubernamental no hay nada personal. Con un inexplicable retardo en su ofensiva legal que dio pie a todo tipo de lecturas políticas sobre el deshielo de las relaciones entre Rajoy y la hasta no hace mucho oponente de Pedro Sánchez , el Ejecutivo activó el pasado viernes el mismo mecanismo que ha puesto en práctica frente los pulsos que les habían echado Castilla La Mancha —con un gobierno del PSOE— y el País Vasco —en poder de su socio parlamentario, PNV— por el mismo motivo.

De no haberlo hecho, con sentencias a su favor, podría haber incurrido en una posible prevaricación. Gobierno y Junta de Andalucía abrieron una negociación bilateral y sembraron unas expectativas que, después de dos reuniones de escasa entidad, se disiparon, tomando a los funcionarios como rehenes de su dispar estrategia política.

Aunque los precedentes legales lo desaconsejaban, el Gobierno andaluz consumó por su cuenta y riesgo la jornada reducida con efectos desde el pasado 16 de enero. Para entonces, el TC ya había tumbado la norma manchega y la Justicia vasca había hecho lo propio con las 35 horas.

El Gobierno andaluz dejó ayer muy clara cuál será su estrategia a partir de ahora: evitar que haya una suspensión cautelar de la jornada de 35 horas . Una decisión política con la que se pone del lado de los funcionarios públicos andaluces y los sitúa enfrente del Gobierno de Rajoy. Aprovechando las circunstancias, su portavoz, Juan Carlos Blanco, puso el acento en las contradicciones del Ejecutivo central: «El viernes anuncian el recurso y 72 horas depués dicen que quieren aplicar las 35 horas en toda España. Que superen esas contradicciones y no perjudiquen a los 250.000 funcionarios».