La sentencia confirma el desvío de 680 millones de euros con la «patente ilegalidad» de los ERE

Según la tesis del tribunal, «la Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L (el fondo de los ERE), sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda , sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía». En definitiva, la ausencia de controles creó un caldo de cultivo que «permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado».

A lo largo de las 1.821 páginas que conforman la sentencia del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, integrado por Juan Antonio Calle Peña, Encarnación Gómez y Pilar Llorente, traza un retrato de corrupción institucionalizada que se prolongó durante diez años, el tiempo que estuvo funcionando un sistema opaco de reparto de ayudas en la Junta de Andalucía con «una absoluta falta de control en la subvención de las subvenciones sociolaborales y a empresa en crisis», lo que permitió enriquecer a algunas empresas en detrimento de otras que no accedieron ni pudieron conocer las ayudas, según el resumen del fallo remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las condenas de prisión afectan a diez de los 19 acusados . Casi un Consejo de Gobierno de los de antes ha recibido un severo castigo penal en el caso ERE. El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. El tribunal coincide con la Fiscalía y cifra en 680 millones de euros la cuantía defraudada con las ayudas del caso ERE entre los años 2000 y 2009.

El tribunal avala la tesis de los delegados de la Fiscalía Anticorrupción, de la acusación ejercida por los letrados el PP-A (Luis García Navarro y Lourdes Fuster), de los interventores del Estado y de los jueces que comenzaron y finalizaron la instrucción, Mercedes Alaya y Álvaro Martín . La sentencia pone de manifiesto «la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos», lo que dio pie a la introducción de intrusos o falsos trabajadores en empresas donde no habían trabajado y que cobraron rentas subvencionadas hasta su edad de jubilación.

Todo ello emana de una decisión política que adoptó la cúpula del Ejecutivo andaluz, representada por el máximo órgano de poder ejecutivo, el Consejo de Gobierno . El tribunal no se cree, por tanto, las declaraciones exculpatorias de los principales responsables de la Junta de Andalucía. Señala que «la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos».

El fondo de los ERE se institucionalizó a partir del 17 de julio de 2001, con el establecimiento de un convenio marco firmado por el consejero de Empleo, José Antonio Viera Chacón , y el presidente del Instituto, Antonio Fernández García, que también era en esa fecha viceconsejero y a partir de 2004 fue consejero de Empleo. Este sistema impidió que los expedientes para conocer el destino final del dinero y su fiscalización llegaran al interventor delegado de la Consejería de Empleo, «evitando así los reparos que pudieran plantear los interventores, como había ocurrido con anterioridad en varios expedientes», a los que se habían puesto objeciones.

De aquellos polvos llegaron los lodos de la corrupción . «No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas del programa 31L, durante el periodo enjuiciado, desde el año 2000 al 2010». El cambio del sistema presupuestario «lo que pretendía era que no le fuera necesario al director general de Trabajo tener que confeccionar un expediente de gasto singularizado para cada una de las ayudas que iba a conceder, puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos modos», gracias al previo traspaso de los fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego Agencia IDEA, «mediante el uso inadecuado de la transferencia de financiación».

El uso indebido de las transferencias de financiación «fue reiteradamente denunciado» en distintos informes por el interventor general de la Junta, que estaba acusado en el juicio y que ha resultado absuelto de los delitos de prevaricación y malversación .

El uso de una entidad externa a la Consejería de Empleo implicó «la falta de fiscalización, tanto la debida, realizada con carácter previo por la intervención delegada de la Consejería de Empleo, como la de control financiero, realizada por la intervención delegada de control financiero de IFA/IDEA». El deterioro de los expedientes fue inmediato y dio pie a la aparición de intrusos, comisionistas y ayudas directas sin control. El beneficiario real de las subvenciones era la empresa y no los trabajadores, destaca el tribunal, lo que conecta con la tesis de los interventores del Estado.

Esta sentencia es sólo un punto y seguido en la causa de los ERE, que comenzó a instruirse en enero de 2011. Los condenados ya han anunciado que presentarán recursos de apelación ante el Tribunal Supremo . Pero hoy por hoy la Justicia considera que delinquieron.