El secreto mejor guardado de la Junta de Andalucía: los 23.899 empleados de su administración paralela

Hasta ahora, sólo los informes periódicos de la Cámara de Cuentas se habían acercado al número de personal contratado en la administración paralela de la Junta y habían constatado que habían ido aumentando poco a poco. Pero el Presupuesto de 2018 recoge por primera vez el dato exacto del personal al servicio de estas agencias públicas y además del número concreto de ellas; unas cifras que ponen de manifiesto que el personal a su servicio ha ido creciendo a pesar de los recortes que han sufrido los servicios públicos, los funcionarios de todas las administraciones, y también el acuerdo político expreso firmado con Ciudadanos en el que el partido naranja y el PSOE se comprometían a reducir el número de directivos de estos entes instrumentales y a hacer públicas sus retribuciones.

Según reconoce la propia Junta, para la administración paralela trabajan 23.899 personas, lo que supone 207 contratados más que los que certificaba la Cámara de Cuentas en su informe del año 2014. Pero hay otro dato revelador que pone de manifiesto la manera de actuar de estos entes instrumentales. Según los datos de la propia Cámara de Cuentas, en 2014 los contratados en estos entes instrumentales de la Junta crecieron en 247 respecto a 2012. Eso hace una media de unos cien contratos nuevos al año.

Y hay que tener en cuenta que se trata de los años de la crisis, en los que se recortó la paga extra de Navidad a los funcionarios de todas las administraciones y en los que se congeló la sustitución de los funcionarios que se jubilaban o dejaban sus puestos de trabajo por diferentes motivos. Eso, al margen del fin de los contratos de los laborales y del recorte de horas de trabajo para los interinos.

Sin embargo, el personal de la administración paralela ha ido creciendo —si los datos que la administración les ha facilitado a la Cámara de Cuentas eran exactos— progresivamente al margen de la política de recortes que se imponía en el resto de las administraciones públicas.

El Presupuesto de 2018 también desvela el número de entidades que se consideran instrumentales siguiendo la definición de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Así, hay en total 60 entidades repartidas de la siguiente manera: 18 agencias públicas empresariales , diez consorcios, 15 fundaciones y 17 sociedades mercantiles .

En el informe de impacto de género del Presupuesto de 2018 se detalla el personal que trabaja en todas las consejerías, así como sus categorías profesionales, si son funcionarios del grupo 1 o del grupo 2, además de la titulación académica que poseen. Unos datos que aparecen consignados con todo detalle.

Un ejemplo es el personal al servicio de la red de bibliotecas públicas de Andalucía. En el documento referido incluido en la Ley de Presupuesto que se aprobará definitivamente a finales de este mes, se detalla que hay 257 mujeres bibliotecarias profesionales por 123 varones en esta categoría; hay 700 mujeres auxiliares de biblioteca por 266 hombres; así como 75 mujeres en la categoría de personal especializado y 42 varones.

Se detallan incluso los becarios (40 mujeres y 20 hombres) así como los voluntarios (39 féminas y 25 hombres). Pero este detalle desaparece completamente en el capítulo dedicado a la administración paralela. Se desconocen las categorías profesionales, cuántos de ellos son directivos, y el sueldo que perciben por el trabajo que realizan. Ciudadanos también ha pedido estos listados y tampoco se los ha entregado el Gobierno andaluz a pesar del pacto de investidura.

La situación de la administración paralela es siempre un debate incómodo para el Gobierno andaluz que lo evita todo lo posible, si bien mantiene estas estructuras que conviven, en muchos casos, en los mismos edificios de las consejerías, para malestar de los funcionarios. La versión oficial de la existencia de estos entes es la eficacia que estas estructuras generan en la gestión. Sin embargo, los funcionarios no la comparten sino todo lo contrario . Entienden que hacen un trabajo que les corresponde a ellos y para el que no tienen, además, las necesarias potestades administrativas que les otorga la ley.