Desaparecen facturas y documentos clave sobre las ayudas irregulares de la Junta a Santana Motor

El 17 de diciembre de 2009, el Ejecutivo socialista de José Antonio Griñán le concedió un préstamo público de 36,1 millones de euros, que convirtió «irregularmente» en una ayuda a fondo perdido. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que sigue la pista del dinero público enterrado en Santana, «sólo ha localizado pagos» a proveedores por 10,65 millones.

El informe policial, entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pone de manifiesto « falsedades en la justificación de los gastos» y un agujero documenta l sobre la empresa liquidada en el año 2012. Los investigadores alertan de que la desaparición de facturas impide conocer dónde se emplearon los 36,1 millones de euros que la Junta le concedió para fabricar el todoterreno Iveco Massif, un proyecto que contaba con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero . La UDEF acusa a la Junta de Andalucía de vulnerar la legislación que le impedía conceder subvenciones poniendo los recursos públicos « al servicio de intereses políticos de mantenimiento de la paz social » en la ciudad que encabeza las tasas de paro en España.

«Dos actividades presupuestadas en 2009, cuyo coste supone 1.450.000 euros, se han extraviado en la memoria de justificación de gastos a finales de 2010», advierten los agentes, que han tenido que lidiar con fechas que no cuadran y documentos que no aparecen en los archivos autonómicos.

Cuando en 2018 el juzgado empezó a requerir documentación a la agencia pública IDEA, propietaria de Santana, su entonces director general bajo el mandato de Susana Díaz, Julio Samuel Coca , contestó que no tenía las actas de la comisión de seguimiento del convenio suscrito por el Ministerio y la Junta. « No constan en los archivos », respondió. A los agentes les «sorprende» que tres días después de dar por justificados los gastos en marzo de 2011, se propone disolver la sociedad y se le transfieren 9,37 millones más.

Lo que denota, para la UDEF, «el nulo control de gastos» de la citada comisión, que en diciembre de 201 1 avaló que el proyecto se había ejecutado «como estaba previsto». Muchas de las facturas que dio por válidas «se identifican con conceptos genéricos y de ninguna manera se podía identificar el beneficiario de los pagos».

En febrero de 2012, el liquidador de Santana y la empresa Ayesa firmaron un convenio para almacenar los documentos contables en la aplicación informática SAP. La Intervención General de la Junta, que solicitó 146 facturas para realizar un informe pericial a instancias del Juzgado, tuvo dificultad para hacerse con ellas por fallos del servidor. «Solventado el problema informático, tampoco pueden localizarse la totalidad de las facturas solicitadas», señala la UDEF. Las originales en teoría se custodian en una nave del desolado parque empresarial Santana, en Linares, el último vestigio de la fábrica.