Las residencias de mayores de Andalucía se movilizan por la escasa financiación de las plazas concertadas

Desde el sector señalan que el actual sistema de financiación de las plazas concertadas es claramente insuficiente para poder atender a los residentes, cifrando entre un 15%-20% el desfase entre los costes a los que tienen que hacer frente y el precio que abona la Administración. Denuncian que la Junta de Andalucía paga 53,8 euros por plaza y día en residencias de mayores, habiendo subido sólo un 2,6% este año, cuando en la comunidad de Madrid se paga casi 75 euros desde que en febrero subió un 37% lo que abonada a estos centros.

Los convocantes de las movilizaciones recuerdan que «el sistema de dependencia andaluz descansa en las plazas de titularidad concertada . Andalucía cuenta con 2.020 plazas públicas para mayores dependientes en toda la comunidad, y un total de 19.617 plazas concertadas para personas mayores dependientes, de las que 14.325 son en centros residenciales y 5.288 en centros de día y 4 centros de noche. En nuestra comunidad, el grueso de las plazas para personas dependientes está en régimen de concierto».

La primera de las ocho concentraciones programadas ha tenido lugar ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, donde se ha leído un manifiesto en el que las patronales muestran su rechazo a las políticas que está desarrollando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación . Las patronales han convocado movilizaciones el día 13 de diciembre en Jaén, el 14 en Huelva, el 15 en Málaga, el 16 en Cádiz, el 17 en Granada, el 20 en Córdoba y finalizará el calendario de concentraciones el martes 21 de diciembre en la Plaza de la Contratación de Sevilla capital.

«Estas movilizaciones son la respuesta del sector a la infrafinanciación que ha impuesto la Junta de Andalucía y muestran el descontento ante la grave amenaza que supone para los usuarios y para el empleo la gestión que se está llevando a cabo en nuestra comunidad», indican fuentes de las patronales. «A la fecha de hoy este Gobierno ha hecho caso omiso a nuestras peticiones, aprobando un pírrico 2,6% que no resuelve una situación que se ha visto agravada por tener que hacer frente a los costes que ha conllevado la pandemia en los centros residenciales». Apuntan que «queremos poner sobre la mesa el grave desequilibrio que existe entre comunidades y reivindicar la equiparación de Andalucía con aquellos territorios en los que se ha alcanzado un acuerdo viable a través del diálogo y el consenso entre la administración y los agentes sociales».

El objetivo de las movilizaciones, dicen las patronales, es concienciar a la ciudadanía de que el Gobierno andaluz está poniendo en riesgo la prestación de este servicio y denunciar que « el ejecutivo que lidera Moreno Bonilla no prioriza el servicio de atención a la dependencia para los 1,2 millones de personas con más de 65 años que viven en Andalucía y para sus familias» explican.

En octubre, las patronales de la Dependencia se levantaron de la mesa de negociación que había propuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación al considerar «vacías y desprovistas de sentido» las medidas que se planteaban, ya que conducían a la quiebra del servicio. Faecta, Cecua, Lares y Fade afearon al Gobierno andaluz su falta de compromiso con la dependencia y consideran insuficiente la subida de las tarifas del 2,6%, «máxime cuando la inflación supera el 5% y el precio de los costes de suministros se ha disparado en más de un 40%, sin contar todo el sobrecoste sufrido durante la crisis sanitaria provocada por la Covid 19», apuntan.

Respecto a las actualizaciones de tarifas, destaca el caso de Madrid, donde la subida pactada ha sido del 37% y no del 2,6% como ha fijado la Junta de And alucía de manera unilateral. En este sentido el sector subraya que las residencias de mayores de Madrid reciben casi 20 euros más por cada plaza concertada y cada día de ocupación

Las patronales presentaron a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una batería de propuestas en las que planteaban l a fijación progresiva a 3 años de unas tarifas concertadas con el fin de garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la cobertura del servicio que prestan a las personas dependientes. Este paquete de medidas también recogía la necesidad de ocupar las plazas vacías para reducir la actual lista de espera y ofrecer un mejor servicio a las familias.

Además reivindica n la ejecución de un plan de choque que mejore la tasa de reposición, l o que debe ir aparejado al aumento del equipo de valoradores y personal técnico para agilizar la gestión en las oficinas de los Servicios Sociales comunitarios (primer nivel de valoración en el ámbito servicios sociales), las delegaciones territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA).

También apuntan que es necesario un sistema automatizado, similar al que emplea la consejería de Educación y Deporte con las plazas de escuelas infantiles o de primaria, para reducir la ardua burocracia ya que, desafortunadamente, en muchos casos, cuando se finaliza el proceso de solicitud y valoración, ya no son necesarios