Procesado una década después el primer intruso del caso ERE, el exdirigente socialista que se coló en Mercasevilla

El asunto no habría tenido trascendencia si no fuera por un detalle nada insignificante: este misterioso militante socialista jamás había trabajo para el lonja hispalense. Había aparecido el primer intruso de los ERE irregulares.

Su irrupción fue el punto de partida de una investigación abierta por la juez Mercedes Alaya el 19 de enero de 2011 que desembocaría en la imputación, juicio y posterior condena de dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán , un golpe irreparable para el PSOE, el partido que había gobernado casi 37 años en Andalucía.

Casi diez años y tres meses después de que Alaya -que ahora es magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla- empezara a desenrollar el ovillo del caso ERE, Antonio Garrido Santoyo está a un paso de sentarse delante de un tribunal para que explique cómo su nombre se coló en el ERE de Mercasevilla y para ser juzgado. El juez instructor que se ha hecho cargo del sumario, José Ignacio Vilaplana, ha determinado su procesamiento junto a diez personas investigadas en una pieza separada de esta macrocausa que analiza las presuntas irregularidades en los 12,53 millones de euros con que la Junta de Andalucía regó a Mercasevilla S.A. para financiar los ERE de los años 2003 y 2007. Fueron 5.637.421,86 euros en el caso del primero, mientras que por el ajuste laboral de 2007 la ayuda ascendió a 6.901.814,43 euros.

En la sentencia de la llamada pieza política del caso ERE, que está pendiente de casar el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Sevilla, condenó a 17 ex altos cargos socialistas más, por urdir un sistema arbitrario de subvenciones que repartió sin control 680 millones de euros entre empresas en crisis y prejubilados, algunos de ellos empotrados como polizones en ERE de sociedades donde no habían puesto un pie. Igual que Garrrido Santoyo.

El caso ERE ha alcanzado un nuevo hito en su larga instrucción. El exdirigente local socialista Antonio Garrido Santoyo, que cobraba 5.676 euros al mes gracias a la manguera de dinero público de la Junta, se sentará en el banquillo junto a Fernando Mellet Jiménez y Daniel Ponce Verdugo . Ambos exdirectivos de Mercasevilla darían origen al caso ERE en el año 2009, cuando intentaron extorsionar a dos empresarios del grupo hostelero La Raza, que decidieron grabar de manera oculta aquella conversación. En aquellas grabaciones, cuyo contenido fue destapado por ABC, les prometieron una subvención de 900.000 euros con la condición de destinar una parte «adonde la Junta en cada momento nos dice» . De aquella cinta que llegó al despacho de Alaya brotaría dos años después el mayor caso de corrupción investigado en Andalucía.

En un auto fechado el pasado 12 de abril, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra once personas. Además de Mellet, Ponce y Garrido, están investigados tres ex responsables de la consultora Vitalia, Antonio José Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González García ; el asesor fiscal José Rodríguez López; Juan Lanzas , exdirigente de UGT y conseguidor de ayudas; y a tres administradores de empresas pantalla, Francisco Limón Romero (cuyo concuñado, el comercial de Vitalia González García lo situó al frente de Hermes Consulting S.L.), Ismael Sierra García (cuñado de Lanzas) y otro testaferro o «hombre de paja» del conseguidor Lanzas.

Los tres últimos figuraban en sociedades que emitieron facturas falsas por servicios inexistentes para desviar fondos de Mercasevilla. Como cerebro de esta trama, el juez sitúa a Juan Lanzas, que “percibiría de manera irregular, a través de la ficticia facturación del Sr. Algarín Lamela y de la empresa Maginae Solutions S.L., la cantidad total de 492.655 euros. «Esta operativa de emisión de facturas ficticias, emisión de cheques, cobro, reintegros y pagos se habrían llevado a cabo con el fin de obtener el cobro de estas gratificaciones y facilitar la entrada de estos fondos de procedencia ilícita en el circuito financiero», concluye el juez.

El magistrado da un nuevo paso en la instrucción de esta pieza porque considera que los hechos denunciados «pudieran ser constitutivos» de presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación . Da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.

El instructor llama al procedimiento como responsables civiles subsidiarias a las entidades Mercasevilla, Vitalia, Maginae Solution y Hermes Consulting, todo ello sin perjuicio de que Mercasevilla pueda intervenir también como acusación particular como entidad perjudicada por los pagos efectuados por dicha sociedad a uno de los investigados a través de otro de los encausados y de Maginae Solutions, y también a consecuencia de los perjuicios que se le hubieren producido en virtud de los «ilícitos» pagos por ella efectuados a Hermes Consulting derivados de un contrato de servicios de 31 de diciembre de 2002.

El juez archiva de forma provisional el procedimiento respecto a otras doce personas, once de ellas miembros del Comité de Empresa de Mercasevilla y el que fuera delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas . En relación al comité de empresa, el juez toma esta decisión al considerar que, aunque es cierto que participaron en las negociaciones de los ERE de 2003 y 2007 , dicha actuación «aislada no permite, en ausencia de otras evidencias de las que se deduzca una mayor implicación, acordar la continuación de las actuaciones respecto de los mismos», ya que dicha intervención «resulta insuficiente para sostener que tenían capacidad de disposición o de decisión sobre el otorgamiento de las ayudas ilícitas objeto de la causa».

En relación al ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 18 de mayo de 2004 y el 20 de abril de 2010, el magistrado también acuerda el sobreseimiento provisional, ya que «cabe entender indiciariamente acreditado que, en el periodo de tiempo a que conciernen los dos ERE de Mercasevilla, conocía que las pólizas de seguro de rentas colectivas que integraban el núcleo de los acuerdos que fundamentaban la solicitud del correspondiente ERE podían o iban a ser financiadas con dinero público», pero «no existen indicios sólidos de que haya tenido una intervención con suficiente relevancia causal en la decisión administrativa de otorgarse las ayudas y en la correlativa salida de dinero del erario público en forma tan irregular».