Primeros imputados en el caso ERE impunes por prescripción de delitos

Según confirmaron fuentes del caso a ABC, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , está preparando un auto por el que declara prescrita la responsabilidad penal de varios empresarios encausados que recibieron ayudas irregulares , directamente o en nombre de sus sociedades, con cargo a la partida presupuestaria 31L para rescatar a empresas en crisis, un fondo dotado con 855 millones de euros . El archivo de la causa seguida contra los empresarios imputados podría ser notificado a las partes personadas esta misma semana , según las fuentes consultadas.

Las últimas alarmas por la caducidad de los supuestos delitos cometidos sonaron el pasado mes de marzo. Las mismas fuentes recuerdan que la Fiscalía Anticorrupción pidió entonces a la anterior juez instructora, Mercedes Alaya (actual magistrada de la Audiencia de Sevilla), que exculpara a doce empresarios implicados al estimar que habían prescrito los delitos supuestamente cometidos hace más de diez año s. Las primeras ayudas con cargo al «fondo de reptiles», como lo bautizó el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, se dieron en el año 2001 .

En una entrevista en Canal Sur Televisión, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón , mostró ayer su inquietud por la caducidad de los delitos: «La preocupación por la prescripción siempre está presente, por supuesto que nos preocupa , y por eso es urgente el dictado de una nueva Ley procesal».

La complejidad y lentitud de la investigación , la apertura de numerosas ramas paralelas y los bandazos que ha dado el caso en el tramo final (en seis meses va a tener a tres instructores distintos ) han terminado difuminando algunas responsabilidades penales, que podrían quedar impunes.

Advertida por el Ministerio Público tres meses antes de dejar el juzgado, Alaya canceló las declaraciones de 35 imputados por ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La Fiscalía solicitó declarar «la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda» al dictado del auto de imputación del 6 de febrero de 2015 « hayan pasado más de 10 años ».

En su escrito, la Fiscalía consideraba que habrían caducado los delitos atribuidos a Antonio Diana Expósito , dueño de una gasolinera en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra que recibió una ayuda de 60.000 euros en 2004; a Antonio Florencio Suárez, que obtuvo una subvención por el mismo importe a través de la empresa Coflosur, pagada el 18 de enero de 2005, y a José Gómez Muñoz , vecino de El Pedroso (Sevilla), que logró otra ayuda de 90.151 euros en 2003. Por la caducidad del delito también se librarían de imputación la hermana de la que fuera delegada autonómica de Medio Ambiente en Sevilla, Beatriz Pérez Martín . La empresa que administraba, Producciones Barataria, recibió 220.354,24 euros para montar un portal en Internet de localizaciones y decorados para rodajes cinematográficos y publicitarios en Andalucía.

Anticorrupción también apuntaba que están prescritos los delitos cometidos por Eustaquio Reina -ya fallecido- y José Reina Espínola respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la empresa Eustaquio Reina por importe de 300.000 euros pagada en 2005, y por José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Baranquero , que recibieron 390.657,87 euros a través de la empresa Gestión Turística del Sur en 2005.