El PP busca el consenso para exigir ante Madrid una financiación justa

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que en pocas semanas —todavía no tiene fecha fijada— se va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y donde se empezará a discutir el reparto de fondos para las haciendas regionales, tanto las cuentas pendientes de estos dos últimos años como el futuro modelo que servirá para repartir la financiación de las comunidades autónomas.

Antes de acudir a esa cita, el PP va a presentar una iniciativa en el Parlamento en la que plantea dos cosas. La primera, poner al día las cuentas de la Junta con el Estado con el sistema actual de reparto de fondos, y, la segunda, la reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Las exigencias están claras. La Junta demanda al Gobierno central el pago del IVA pendiente del año 2017, que son 537 millones de euros, además de otras dos cantidades por las entregas a cuenta que, según la Junta se han hecho mermando fondos a Andalucía. En este año, Andalucía ha recibido 75 millones de euros menos en estas entregas a cuenta, y en el año 2019, ese recorte fue de 52 millones de euros.

Unos recortes que se producen mientras otras comunidades, como Cataluña y Valencia, sí que suman más fondos a los ingresos que les envía el Estado. Esta cuenta suma 664 millones de euros. El PP considera «gravemente lesivo» que no se paguen estos fondos. El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, entiende que este dinero corresponde legalmente a las comunidades autónomas, «porque son unos impuestos que los andaluces han pagado», por lo que está seguro de que los tribunales de Justicia obligarán al Gobierno central a pagarlo.

La Junta de Andalucía está estudiando a qué instancia y qué forma tendrá el recurso ante los tribunales, una vía que seguirá al igual que el resto de autonomías que están gobernadas por el PP como Galicia y Madrid, además de Cataluña.

A esta cantidad, el PP añade el dinero que, según reconocía la propia María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda, Andalucía recibe por debajo del resto de comunidades autónomas con el actual sistema de reparto, y que asciende a 800 millones de euros anuales. Cantidad que Andalucía recibe de menos en comparación con la media del resto de comunidades españolas.

Al margen de estas cuentas, que serían la «deuda» pendiente actualmente, el Gobierno andaluz defiende la vigencia del acuerdo del Parlamento en el que todos los grupos políticos (salvo Ciudadanos que se abstuvo) cifran en 4.000 millones de euros más al año el dinero que Andalucía necesita para la prestación de los servicios.

El Parlamento andaluz aprobó el 22 de marzo de 2018 un acuerdo que defendía un nuevo modelo de financiación, modelo basado en otros parámetros diferentes a los actuales con el fin de que todas las comunidades autónomas recibiesen fondos para la prestación de los servicios públicos en función de su coste real. Andalucía defiende que es necesario calcular el coste del servicio por el volumen de población, por el número de jóvenes, porla tasa de paro y el número de universitarios, entre otros parámetros.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, explicaba ayer que su formación sigue manteniendo la misma postura que en la anterior Legislatura cuando el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy. «Defendemos ese mismo modelo» y así lo expresaremos ante la ministra de Hacienda.

El PSOE está en una situación comprometida ya que Susana Díaz tiene que exigir este pago al Gobierno de Pedro Sánchez, precisamente en este momento de debilidad política. Tras titubeos iniciales, la lideresa socialista decía el martes que «seguirá defendiendo los intereses de Andalucía reivindicando los 4.000 millones de euros más», exactamente lo mismo que argumentó Teresa Rodríguez aunque la lideresa de Adelante Andalucía lo dijo nada más conformarse el Gobierno central.