Podemos pide cambiar la norma y suprimir las dietas a los diputados andaluces

Desde que llegaron al Parlamento, la portavoz podemita Teresa Rodríguez , ha librado una batalla en este sentido que, hasta la fecha, había perdido. Pero la experiencia en la Cámara andaluza les ha servido y ya han encontrado la puerta administrativa para hacerlo.

Así, el grupo parlamentario de Podemos va a presentar este jueves una proposición de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía que pretende eliminar las dietas que reciben los diputados y equipararlas con las del resto del personal de la Junta de Andalucía, ya que consideran que no hay razón para sustentar este trato diferenciado. Esto significaría tener que justificarlas de manera obligatoria además de recibir una cuantía asignada que varía según cada tipo de gasto: utilización de vehículo particular, alojamiento y manutención.

Además, como medida de transparencia, los detalles de los gastos —que sólo podrán ser a cargo de la función representantiva de los diputados— se publicarán en el Portal de la Transparencia de la Cámara andaluza. La propuesta de Podemos añade un apartado más al artículo 8 del Reglamento de la Cámara en el que se fijan unos límites máximos semanales de las cantidades indemnizables.

Bajo el nombre de «Privilegios cero », la formación morada quiere llevar a cabo también otras reformas en el mismo sentido, una propuesta que Teresa Rodríguez hará a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante la pregunta de la sesión de control del pleno de este jueves.

Podemos se basa en las conclusiones del Egopa (Estudio General de la Opinión Pública) que realiza la Universidad de Granada, que recogen que el pueblo andaluz considera que la política es uno de los problemas más graves de la comunidad, junto a la corrupción. A nivel personal, los encuestados también señalan al Gobierno, los políticos, los partidos y la clase política en general como algunos de sus principales problemas. «La situación es dramática, porque instala en la sociedad el discurso de que la política no es un mecanismo de convivencia y eso es un riesgo grave que amenaza la resolución democrática de los conflictos».

También arguyen la sentencia de la Sala de los Penal del Tribunal Supremo de 2015, en la que se asegura que es necesaria una regulación de las indemnizaciones con fondos públicos a parlamentarios.