Los altos directivos de la Junta deberán hacer público su renta y patrimonio

La normativa actual obligaba a los diputados andaluces a hacer públicos estos datos y colgarlos en la web de transparencia del Parlamento. Asimismo, lo hacían todos los miembros del Consejo de Gobierno por expresa indicación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pero era una decisión voluntaria ya que ninguna ley los obligaba a ello. Era una imposición moral y ahora es norma de obligado cumplimiento.

Sin embargo, la opacidad cubría a los altos cargos de la Junta que permanecían al margen de estas normas de transparencia. Hasta ayer cuando el Parlamento, después de diez meses de debate en diferentes comisiones , aprobó una ley que obliga a todos los altos cargos a hacer pública tanto su declaración de la renta como de patrimonio en el caso de que lo tengan. De esta manera, a partir del próximo mes de enero de 2017, cuando entre en vigor el texto normativo, todos los altos cargos deberán hacer públicos sus bienes y salarios en el plazo máximo de dos meses.

Además deberán actualizarlo cada año mientras ocupen el cargo público teniendo para ello el plazo máximo del 1 de agosto de cada año. Los cónyuges o parejas de hecho de estos altos cargos también podrán entregar su declaración de la renta en el registro oficial de la Junta, si bien no están obligados a ello. Estos datos se harán públicos si se cuenta con la autorización expresa de los cónyuges.

La normativa aprobada ayer afecta a 284 altos cargos de la administración que van desde los consejeros que no son diputados (y que en esta legislatura son siete de los 13 miembros que tiene el Consejo de Gobierno y precisamente quienes manejan el 60% del presupuesto de la Junta ), hasta los delegados provinciales de las consejerías. Además de los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, el Gabinete de Presidencia, los delegados del Gobierno de la Junta , además de los directores o gerentes de las agencias administrativas de la Junta, en donde se incluyen todos los entes de la administración paralela. La norma también afecta al presidente del Consejo Audiovisual, al del Consultivo, al del Consejo de la Transparencia, a los de fundaciones públicas o el de cualquier organismo en el que la Junta tenga más del 50% de participación.

En general, toda la capa dirigente y que toma decisiones en la administración andaluza que maneja un presupuesto anual de 32.000 millones de euros . Hasta ahora, sólo se conocían los ingresos del Gobierno y de los diputados que, curiosamente, no manejan ni un céntimo de fondos públicos ni aunque pertenezcan al partido en el Gobierno.

El director gerente del SAS, que ahora tendrá que hacer público su patrimonio, adjudica cada año contratos por valor de 2.700 millones de euros y gestiona un presupuesto directo superior a los 740 millones de euros.

El gerente de la Agencia Idea, en el centro de la polémica en las últimas semanas tras la información desvelada por ABC, por ejemplo gestiona más de 300 millones en adjudicaciones. Y así hay varios ejemplos más también muy llamativos. El director general de Relaciones Laborales decide sobre un presupuesto de 133 millones de euros; el de infraestructuras y transportes dispone de un presupuesto de 500 millones de euros; y el de Infraestructuras Educativas más de 600 millones de euros.

Llama la atención que estos cargos permanecíeran al margen de la transparencia en un Gobierno andaluz que defiende este principio como básico de su gestión. El diputado socialistas Jesús Ruiz trataba de explicarlo en la tribuna ayer asegurando que «en breve» llegará al Parlamento una Ley sobre el Buen Gobierno, prometida en infinidad de ocasiones.

El diputado popular Jaime Raynaud decidió no esperar más y plantear una ley (en realidad es la modificación de otro texto legislativo) en la que ha buscado el consenso y el acuerdo. Es la primera vez en 20 años que el PP logra que el Parlamento andaluz de luz verde a una ley de su absoluta paternidad.