El pacto fiscal en Andalucía entre PP, Ciudadanos y Vox muestra las tensiones pero garantiza la estabilidad política

El pacto fiscal firmado este martes por los tres partidos políticos en Andalucía que garantiza una importante rebaja tributaria para los andaluces, salió adelante garantizando la estabilidad del Ejecutivo y ahuyentando (al menos en teoría) el fantasma del adelanto electoral. Pero las tensiones fueron muy serias, prueba del clima político crispado que se vive en España y también muestra de la influencia que las autonómicas de Madrid tienen sobre el resto de comunidades.

PP, Cs y Vox habían negociado elaborar conjuntamente una ley para bajar los tributos cedidos pero, finalmente, se rubricaron dos acuerdos diferentes... aunque exactamente iguales. ¿La clave? La orden de Inés Arrimadas de que Ciudadanos no firme nada con Vox para no perjudicar sus intereses en Madrid.

El líder naranja en Andalucía, Juan Marín , lo explicaba asegurando que se había seguido el mismo criterio que en el Pacto de Investidura. Tampoco ahí está la firma naranja junto a las siglas de Vox.

La ley sobre los tributos cedidos , además, será una importante arma política durante el año que viene porque su tramitación y debate sobre la reducción fiscal se extenderá todo 2021. Además, abre la puerta a la negociación del Presupuesto 2022 de la Junta .

Resulta llamativo destacar la reacción de la jefa de la oposición política al Gobierno andaluz a este acuerdo, ya que Susana Díaz sólo se centró en las consecuencias que tiene para sus cuitas internas del partido, y no en la repercusión para los andaluces. Susana Díaz cuestionó que el PSOE andaluz tenga que adelantar sus primarias para la candidatura a la Presidencia de la Junta «sin un horizonte de anticipo electoral». Según su interpretación, el pacto fiscal supone «mantener la legislatura. Esto significa que no hay horizonte de anticipo de elecciones. Entonces, si no lo hay, ¿de qué estamos hablando de primarias ?»

Desde IU la crítica fue ideológica. El coordinador de la formación, Toni Valero , afirmó que esta reducción «la pagará una mayoría social con el deterioro de los servicios públicos por la caída de los ingresos». Según Valero, la reforma fiscal del Gobierno de la Junta «atenta contra principios constitucionales de progresividad fiscal».