La nueva Ley del Suelo permitirá construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico de Andalucía

La negociación se ha traducido en la abstención del nuevo PSOE del secretario generalJuan Espadas, que desiste de la estrategia del bloqueo que adoptó Susana Díaz cuando ejercía de jefa de la oposición. Los socialistas se abren a pactar una norma en la que tienen puestas muchas expectativas los alcaldes, también los más de 500 regidores que gobiernan bajo sus siglas, aunque mantienen algunas discrepancias. La principal diferencia radica en que la norma permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en terrenos rústicos. Con la norma actual, conocida como LOUA, sólo están autorizadas aquellas que están vinculadas a actividades agropecuarias. Hasta el debate del Pleno (aún sin fecha), queda margen para despejar estas incertidumbres. De momento, ha pesado más la necesidad de los socialistas de ensayar un nuevo guion que los proyecte como una oposición útil y capaz de llegar a acuerdos con el Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha ofrecido negociar los Presupuestos de la comunidad para 2022. Las conversaciones de las cuentas han embarrancado porque el PSOE pide la renovación de 8.000 sanitarios que cesaron en octubre, contratados en lo peor de la tercera ola de la pandemia.

El escenario también ha dado un vuelco en la bancada que está a la derecha del Gobierno. Precisamente, este proyecto de ley hizo saltar por los aires el habitual bloque monolítico del PP, Ciudadanos y Vox. El partido de Santiago Abascal dejó sin apoyos al Ejecutivo el pasado mes de mayo. Su desmarque propició la primera gran derrota a los partidos que sustentan la Junta. La norma quedó en suspenso al salir adelante una enmienda a la totalidad de Unidas Podemos, el único grupo que mantiene su rechazo frontal al texto. Ahora, Vox ha dado un voto de confianza al Gobierno andaluz, aunque considera que se ha quedado corta en la eliminación de algunos trámites urbanísticos.

La nueva Ley del Suelo que impulsa la Consejería de Fomento, dirigida por Marifrán Carazo (PP), elimina trabas administrativas y mitiga la inseguridad jurídica de la actual legislación urbanística. La LOUA ha dado lugar a paradojas como que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), el instrumento que marca el desarrollo de los municipios, tarden más tiempo en elaborarse (entre ocho y diez años) que el que duran en vigor.

La futura norma se ha convertido en un caballo de batalla del Gobierno de coalición, además de las cuentas, para respirar tranquilo lo que resta de legislatura. Pero aún no las tiene todas consigo y ahora iniciará otra ronda de negociaciones sobre las contrapartidas para permitir su aprobación.

El principal escollo se focaliza en el artículo 22 de la ley, que aborda las «actuaciones extraordinarias» en suelo rústico. «Podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas , siempre que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos ni impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico», reza el párrafo de la discordia. Más adelante, expone que dicha edificación requerirá «de una autorización previa a la licencia municipal que cualifique los terrenos donde pretendan implantarse, conforme al procedimiento y a los criterios que se determinen reglamentariamente».

El PSOE no está de acuerdo . Y parece dispuesto a volver a pulsar el botón rojo si no se vinculan dichas construcciones a usos exclusivamente agropecuarios o, a lo sumo, turísticos. El portavoz socialista en la citada comisión, Gerardo Sánchez, avanzó ayer que «si no se modifica la posibilidad de construir viviendas en suelo rústico, se van a oponer a esta ley». No sólo su grupo tiene reservas sobre esta medida. Según anunció en una rueda de prensa posterior a la aprobación del dictamen, «Ciudadanos nos acaba de manifestar su apoyo a esta enmienda del PSOE para impedir esta contrucción» y apremió al PP a «sumarse al rechazo» que «nos están pidiendo los agentes sociales y económicos».

El partido naranja no tiene tanta prisa como su socio de gobierno para aprobar la norma y está abierto a estudiar más pausadamente esta enmienda que no se ha admitido en la comisión que ha elaborado el dictamen y otras que se han quedado por el camino, según han confirmado a ABC fuentes la formación que dirige Juan Marín. Su portavoz en la comisión, Juan de Dios Sánchez, le trasladó esta disposición al grupo socialista poco después de votar el dictamen sin incorporar esta propuesta. En el PP se muestran más reticentes.

Tanto Juan Bueno (PP) como el diputado de Cs agradecieron las aportaciones de los grupos políticos para lograr un consenso amplio. El parlamentario popular aseguró que «se trata de regular con orden» y de dar una solución a 300.000 familias que residen en viviendas ilegales –sin acceso a luz ni agua, en muchos casos–, lo que «no significa llenar de bloques el campo».

Juan de Dios Sánchez (Ciudadanos) hizo hincapié en que la actual norma recupera la mitad del borrador que dejó hecho el PSOE en la anterior legislatura y agiliza los PGOU que «los ayuntamientos tenían muchísimos problemas para aprobar».

El secretario de Transición Ecológica y Cambio Climático del PSOE-A, Rafael Márquez, abundó en la nueva actitud de su partido que «ha sido y es constructiva, de negociación y no de obstrucción». La aprobación de la Lista puede ser la primera prueba de contraste de esa nueva oposición pactista.