La nueva ley sanitaria insiste en la fusión de hospitales en Andalucía

El texto es una declaración de intenciones que no convence a ninguno de los partidos de la oposición, que deberán debatir su contenido después del verano. La normativa no ataja el problema de las polémicas subastas de medicamentos. Tampoco aporta nada nuevo en lo que se refiere a las colapsadas listas de espera y no sólo no aborda la cuestión de la elefantiásica administración sanitaria paralela, sino que ni siquiera hace distinción entre los entes puramente públicos y aquellos que se rigen por el derecho privado.

El PP ha presentado cerca de un centenar de enmiendas parciales para modificar el anteproyecto. Destaca su petición de eliminar del texto la regularización de las unidades de gestión clínica para negociar fuera de la ley su papel. «No deben estar dentro», incide la parlamentaria popular Catalina García, que reclama medidas concretas para evitar los problemas derivados de los recortes. «La ley no establece ningún derecho nuevo», comenta, al tiempo que pide reforzar la atención primaria como «base» del sistema: «Creemos en eso».

Desde Podemos, explica su portavoz de Sanidad en el Parlamento , Juan Gil, ponen dos condiciones al Gobierno andaluz para que cuente con su voto: que el texto garantice un suelo presupuestario del 7% del PIB y que de esa partida se reserve como mínimo a la atención primaria el 18% frente al 15% que recibe actualmente.

Pero es Ciudadanos quien tiene la llave para aprobar la norma. La representante naranja en la comisión sanitaria, Isabel Albás, no fija líneas rojas para condicionar el apoyo de su partido, aunque sí remarca la necesidad de «abrir el diálogo» a los profesionales. «La ley es ambigua, deja mucho que desear y el Gobierno va a tener que ceder mucho», apunta Albás, que también pone el acento en la falta de transparencia y el descontrol que existe con respecto a los cargos de libre designación.

El extendido modelo de las unidades de gestión clínica pretende implicar a los profesionales sanitarios en la administración presupuestaria de los servicios. Actualmente hay más de 1.000 unidades de gestión en toda Andalucía , aunque sólo las de atención primaria cuentan con cobertura jurídica; el resto se hallan en un limbo legal. Este tipo de entes establecen un modelo de productividades como recompensa al personal que cumple una serie de objetivos que a menudo premia el ahorro farmacológico o asistencial.

Los médicos cobran más por derivar menos al especialista, por pedir menos pruebas diagnósticas o por la contención de recetas. Como la evaluación de los datos se lleva a cabo de forma global, también computa la actividad de aquellos profesionales que eligen mantenerse al margen. Las productividades , que pueden rondar los 5.000 euros anuales, son incluso mayores en el caso de los 1.300 mandos intermedios –elegidos por libre designación– que controlan las unidades de gestión.

Hace ya años que la sanidad andaluza se rige por este modelo. Su asunción definitiva se produjo en 2012, cuando la entonces consejera de Salud y actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la reordenación en la que llevaba años trabajando, que se basa precisamente en la fusión de servicios mediante la implementación de unidades de gestión «intercentros ».

Además de abrir la puerta a las unidades de gestión «intercentros», la futura ley también contempla la existencia de las unidades «interniveles», las cuales permiten la anexión de servicios pertenecientes a los dos grandes escenarios sanitarios: los hospitales y los centros de atención primaria. De facto, supondría un blindaje al proceso de fusiones hospitalarias por el que han salido a protstar a la calle cientos de miles de andaluces en el pasado curso.

La primera unidad de gestión en Andalucía data de finales de los 90, cuando comenzó el viraje del modelo original, centrado en la atención primaria, a otro de gestión parcelada y «superespecialización» de las áreas hospitalarias . Además del olvido de la primaria, lo que fundamentalmente ha cambiado es el protagonismo del paciente –en torno al que se construyó el sistema– que hoy se mide, no como un todo, sino por patologías específicas, cual coche que ha de ser reparado por piezas; el «fordismo» en carne viva, literalmente.

La puesta por este modelo viene de largo y la reestructuración del sistema informático que se emplea en la sanidad andaluza fue una pieza más de ese puzle, una pieza necesaria para acabar de implantar la gestión clínica. Este periódico dio cuenta hace meses de las connivencias entre los sectores público y privado que favorecieron dicho cambio, que se llevó por delante la filosofía digital y primigenia del Servicio Andaluz de Salud a costa de la externalización tecnológica y los propios servicios informáticos de la administración.

Huelga decir que, si bien este modelo puede funcionar y funciona en otros ámbitos, su aplicación en la sanidad provoca costes derivados del ahorro, como el agravamiento de enfermedades, que se suma a los recortes en personal y de fármacos. En un bucle sempiterno, el colapso se ha convertido en norma del sistema y cada vez son más los pacientes andaluces que se ven obligados a acudir a la sanidad privada para garantizar su integridad por las listas de espera en los hospitales públicos.

Aunque la atención primaria sobre la que originariamente se erigía el modelo andaluz resuelve el 85% de las incidencias sanitarias, apenas recibe una décima parte del presupuesto. Ofrece enormes resultados con pocos recursos. Este escenario ha pasado de ser la base en torno a la cual pivotaba el sistema a ser un tapón de contención que no hace sino engrosar el problema.

La sorprendente vaguedad con la que la ley habla del presupuesto sanitario , para el que no se fija un mínimo, contrasta con la precisión con la que desarrolla lo referente a determinadas vías de financiación que nutren desde hace años a la administración en este ámbito. Por ejemplo, con la acreditación o la planificación de estrategias de gestión ambiental mediante entes que realizan trabajos de investigación a cambio de dinero privado de empresas con las que posteriormente contrata el SAS .

Mientras las críticas de usuarios y profesionales se dirigen hacia las deficiencias del sistema, éste se afana en dar continuidad a los mismos procedimientos para cuantificar –previo cobro– todo tipo de elementos: desde páginas webs hasta ascensores. Cualquier sujeto es susceptible de ser evaluado. En muchas ocasiones, como ha desvelado ABC en los últimos años, las empresas vinculadas de familiares o amigos de altos cargos sanitarios las encargadas de llevar a cabo estos trabajos.