«Una nueva fiscalidad para un nuevo futuro», la tribuna del consejero de Hacienda en ABC

Ello se produce en un escenario macroeconómico, el de España, que después de años de un dinámico crecimiento, acaba de ser revisado a la baja en sus previsiones de crecimiento para 2019, tanto por el FMI como por la OCDE, que estiman que no creceremos más allá del 2,2%. Este menor crecimiento del PIB se une a una creciente inestabilidad geopolítica global que el proteccionismo comercial y los unilateralismos amenazan con hacer estructural. Las consecuencias, aún desconocidas, del Brexit y los desafíos que presentan la situación política y económica de los países de nuestro entorno más comparable nos sitúan en un contexto de incertidumbre que requiere de medidas que, aunque sosegadas, marquen un rumbo definido y ofrezcan seguridad al inversor.

Necesitamos por ello, a mi juicio, ahora más que nunca, acometer, dentro de las limitaciones que tiene el sistema tributario español para las Comunidades Autónomas, una reforma fiscal estructural que impulse la competitividad de nuestro tejido empresarial. Una reforma fiscal guiada por la potenciación de la seguridad jurídica, la certidumbre, la simplicidad y la modernización del sistema. Sólo de este modo podremos situar a nuestras empresas y a la economía andaluza en el lugar que les corresponde en España y en Europa.

El Informe de Competitividad Regional en España presentado estos días por el Consejo General de Economistas de España nos ofrece un instrumento eficaz para la valoración de las fortalezas y debilidades competitivas y, desgraciadamente, vuelve a mostrar a Andalucía como una de las Comunidades Autónomas menos competitivas de nuestro país.

En tiempos de crecimiento, la conocida curva de Laffer, probada en Estados Unidos o Canadá, ha demostrado como con menos impuestos se puede aumentar la recaudación al incentivar la actividad y la inversión, incrementar el consumo por el aumento de la renta disponible o por minorar la siempre indeseable economía sumergida y el fraude fiscal.

Pero no sólo no debemos olvidar, sino que debemos estar orgullosos, que el ideólogo original de esta teoría no fuese el famoso economista estadounidense, miembro del Consejo Asesor de política económica de Reagan, sino el estadista de origen andalusí Ibn Jaldún, que ya en el siglo XIV desarrolló el que podría ser el primer ensayo de economía política de origen andaluz.

Como cíclicamente ha ocurrido en Andalucía, la familia de Ibn Jaldún tuvo que emigrar fuera, como también hemos visto hacer a la última generación de nuestros jóvenes más formados, lo que nos ha permitido constatar como los recursos económicos que entre todos habíamos invertido en mejores Universidades están sido explotados, en forma de brillante capital humano, por empresas situadas en territorios muy lejanos de aquél en el que estudiaron. Una nueva economía debe procurar mayores oportunidades para el mejor talento, favoreciendo –por ejemplo- una mejor fiscalidad que facilite el retorno de los expatriados, al tiempo que también potencie la atracción de impatriados cuando participen de proyectos surgidos en Andalucía, como recientemente han hecho países vecinos como Italia o Portugal.

En su ámbito competencial, los más que probables nuevos responsables del Gobierno andaluz apuestan para ello por un aumento de la renta disponible de todas las escalas de renta, lo que favorecerá, sin duda, una mayor atracción del talento, o cuando menos que el más talentoso no emigre por la mejor fiscalidad de nuestros vecinos, en este caso tanto países como regiones, en el IRPF, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o en el Impuesto sobre el Patrimonio, sólo existente en Francia o Suecia.

Porque Andalucía debe seguir favoreciendo, con las máximas posibilidades que permita la normativa de la Unión y de España, la internacionalización de nuestras empresas y la inversión de grupos multinacionales en Andalucía. La fiscalidad española fue un elemento esencial para que la exportación de bienes y servicios desde España pasase del 25 a casi el 35% de PIB en este última década, y cualquier medida que le ponga límites, como alguna de las anunciadas para los Presupuestos Generales del Estado por el Presidente Sánchez, podría ir en contra de este objetivo que debería ser irrenunciable para todos.

En un contexto de globalización que requiere de empresas de mayor dimensión, sólo tendremos el camino expedito para redirigir nuestro modelo productivo y reinventarnos con la potenciación del I+D+i que, pese a tener en España unos beneficios fiscales equiparables a los del resto de la UE, cuando menos, sufren una burocratización excesiva que han dificultado la apuesta por la innovación a la empresa española, como lo demuestra tanto el hecho de que su aprovechamiento, con los datos del Libro amarillo de los PGE, haya pasado en pocos años de más de 1000 a apenas 200 millones de euros, como el escaso aprovechamiento en IRPF de la deducción para los business angels por inversiones en start-ups o empresas de nueva creación.

Esos mismos beneficios, a los que deberían unirse los de las políticas activas que pueda desarrollar la Junta de Andalucía dentro de los límites de la normativa europea de ayudas de Estado, deben dar cobertura a una innovación que ponga a nuestra tierra en la cabeza de la digitalización fiscal, y en particular de la robotización y la analítica avanzada, dando soluciones tecnológicas a todas las empresas con las que desde EY trabajamos.

No desconocemos que, en alguno de los aspectos anteriores, es escasa la capacidad normativa del legislador andaluz, cosa que no ocurre en el ámbito de los impuestos medioambientales, donde aún existen espacios respecto de los que, a la espera de una deseable mayor armonización impulsada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cabe actuar. Nuestro país apenas tiene una presión fiscal del 1,8% sobre PIB en este ámbito, frente al más de 2,5% de media que existe en la Unión Europea. Si bien el principal componente de esta fiscalidad, en términos de recaudación, es el Impuesto sobre Hidrocarburos, cedido parcialmente a las CCAA, hoy sin capacidad normativa por parte de las mismas, Andalucía tiene impuestos que recaen sobre la emisión de gases a la atmósfera, los vertidos a las aguas litorales, los depósitos de residuos peligrosos y las bolsas de plástico de un solo uso,-todos ellos con muy escasa recaudación-, a los que se uniría el canon del agua.

Sobre esa base hasta aquí descrita, es necesario actualizar nuestra tributación en sectores estratégicos, seguramente en el marco del CPFyF, como el de la energía o el automóvil, que rebajen el coste de adquisición de la primera y favorezcan la renovación del parque en el segundo, pero siendo conscientes de que, en ambos casos, la política fiscal, debe ser sólo un complemento en la política global de unos sectores que aportan una elevada cifra de nuestro PIB y de nuestro empleo.

La Administración Autonómica requiere una reforma profunda que, en el ámbito de la empresa, ayude en la simplificación de las múltiples organizaciones actualmente existentes para la gestión, en particular, de los tributos, y la modernice en su relación con los ciudadanos, apostando por potenciar una relación más cooperativa entre la Administración tributaria y la empresa, que permita la máxima transparencia entre las mismas.

Pero llegados a este punto, la cuestión es la de siempre. El escenario económico, más que el político, requeriría que las reformas fiscales estructurales que puedan abordarse no sean sólo las del gobierno de turno, sino que, además, –y esto es capital- fuesen el resultado, ojalá, de un amplio y deseable consenso que ofreciesen la imagen de Andalucía como un lugar en el que merece la pena arriesgar e invertir por ofrecer rentabilidad desde la certidumbre.

Con pilares consensuados como los anteriores, seríamos capaces de trasladar de forma colectiva, dentro y fuera de Andalucía y España, mensajes contundentes sobre la estabilidad y la confianza en nuestra Comunidad Autónoma; mensajes que, en definitiva, apuesten por nuestra competitividad ».