Los nombramientos, primer frente abierto en el Gobierno del cambio en Andalucía

La delegada de la megaconsejería de Juan Marín en Granada, Elisa Fernández-Vivancos, dimitía ayer apenas 24 horas después de ser nombrada. «Declino el nombramiento para evitar cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces» fue su primera explicación pública. Fernández-Vivancos, ex jefa del gabinete jurídico de la Junta en Granada fue cesada tras el Caso Nevada, que enfrentó a la administración andaluza con el empresario Tomás Olivo por la construcción de un centro comercial a las afueras de Granada. Un caso por el que la Junta tiene que pagar 168 millones de euros precisamente porque la administración no se presentó en el juicio correspondiente.

A esta salida —que sería ya la segunda del Gobierno tras la marcha del consejero de Hacienda por motivos de salud—se suma la polémica por el nombramiento de Carlos Rodríguez Sierra, ex abogado de Javier Guerrero en el caso de los ERE , como director general de Oficina Judicial y Fiscal. Un asunto que llegó hasta el Congreso de los Diputados ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lo afeó a Albert Rivera en el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde la oposición, PSOE y Adelante Andalucía pidieron unas explicaciones que llegaron desde los portavoces parlamentarios de PPy Ciudadanos. Mario Jiménez, portavoz del PSOE, aseguró que «no vamos a negar el derecho a la defensa de cualquier persona implicada en un procedimiento judicial pero se puede producir una confusión entre los intereses de unos y otros que creemos que merecen una explicación por parte del Gobierno andaluz».

Antonio Maíllo, portavoz de Adelante Andalucía aseguraba que han elegido a un perfil «que ni entendemos ni compartimos. Es interesante saber qué opinión política tienen».

Fran Carrillo, portavoz adjunto de Ciudadanos , defendía los nombramientos. «La seña de identidad de Ciudadanos es no mirar los carnés ni las ideologías sino el currículum, los méritos, la experiencia y la trayectoria profesional. Es la muestra del cambio porque antes se contrataba en función del carné del partido, de las filias ideológicas, de la cercanía y en algunos casos de la familia o del parentesco», aseguraba. Sin embargo, obviaba que el nuevo director general de la Oficina Judicial y Fiscal es el esposo de la jefa de comunicación de Juan Marín.

El portavoz de la confluencia de izquierdas, Antonio Maíllo, fue el más beligerante sobre la figura de otro de los nombramientos polémicos del nuevo Ejecutivo que dirige Juanma Moreno. El secretario general de Innovación Cultural, Fernando Francés , quien está investigado (antes imputado) por un delito contra el patrimonio histórico. «Si la Junta fuera coherente, debería dimitir», dijo Maíllo.

La Fiscalía lo está investigando en las diligencias abiertas por los mosaicos del artista Invader colocados en edificios de la capital malagueña integrados como Bien de Interés Cultural (BIC). Fernando Francés, negó ayer que él o su equipo tengan relación con las acciones de este artistas contemporáneo, al tiempo que aseguró que ha vendido todas las acciones de la empresa Gestión Cultural y Comunicación que gestiona el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. «He abandonado todos los cargos en empresas y fundaciones».

A todos estos casos se suman el rechazo de colectivos sanitarios al nombramiento de José Repiso Torres como Director General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias. Satse, UGT y el Consejo General de Enfermería reclaman que este puesto sea ejercido por un profesional de enfermería y no por un educador social como ha decidido el consejero Jesús Aguirre. José Repiso ha sido presidente del PPde Montilla y trabaja en una empresa de inserción, Solemccor, participada únicamente por Cáritas, en la que ha pedido excedencia para poder incorporarse al organigrama del Gobierno andaluz.

Para el Consejo General de Enfermería «es inadmisible que una figura como esta, que lleva en su definición la palabra cuidados la vaya a desempeñar un educador social y perito judicial del Colegio profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía». «En las autonomías en las que ya existe esta figura, siempre es un profesional de enfermería».

«Es una bofetada sin manos a la profesión enfermera , ignorando creemos que a conciencia el enorme potencial de estos profesionales», defiende la Federación de Servicios Públicos de la UGT. El Sindicato de Enfermería, Satse, argumenta que el puesto debe recaer en «un profesional de Enfermería, profesión a la que por ley le corresponden las competencias de dirección, evaluación y prestación de cuidados».