Ninguno de los 400 expedientes de repatriación de menores inmigrantes prosperó en 2017

«Esto se nos ha ido de las manos, porque no hay recursos para aplicar plenamente las consecuencias de la declaración de desamparo de un menor: atención, formación y preparación para la vida adulta de los menores», asegura Valpuesta en declaraciones a la agencia EFE, en las que también alerta de que los centros de acogida se han convertido en un «almacén de niños» , a los que no se les pueden ofrecer los recursos previstos para su formación.

El fiscal también lamenta que no se haya culminado con éxito ninguno de los 400 expedientes de repatriación abiertos por su departamento en 2017, una decisión que finalmente depende de la Delegación del Gobierno español, y ello a pesar de que, en el caso de los marroquíes, que son un 70 % de los atendidos, «están perfectamente localizados» sus familiares.

El objetivo del sistema de protección de menores es la reagrupación familiar, ha recordado Valpuesta antes de asegurar que es más fácil lograr ese objetivo con Marruecos que con menores cuyos países tienen mayores dificultades económicas, como Eritrea , Sudán o Somalia . La «emigración económica» de estos menores tiene como objetivo encontrar trabajo, «de chapa y pintura» le dicen al fiscal muchos de los chavales, motivo por el que desde España van luego a países más desarrollados, como Alemania o Suecia , donde vaticina se producirá también el «desbordamiento» que padece ahora Andalucía.

Sin embargo, a los menores de 16 años les cuesta aceptar que no pueden trabajar legalmente hasta esa edad, lo que provoca en muchas ocasiones que obtengan recursos mediante el tráfico de drogas o la prostitución, deplora el fiscal coordinador de familia y protección de menores de Sevilla.

Valpuesta considera un «parche» los 40 millones de euros extraordinarios aprobados la semana pasada por el Gobierno para atender a los menores, y sostiene la necesidad de aplicar fórmulas para disuadirles de que lleguen a España. La Junta de Andalucía sigue a la espera de que el resto de comunidades solicite el traslado de menores en acogimiento en virtud del acuerdo alcanzado la pasada semana en la conferencia sectorial de inmigración. El Gobierno, que no entró en organizar un procedimiento reglado de reparto, fijó un plazo de quince días para que las comunidades solicitaran voluntariamente un número de menores para acoger con cargo al referido fondo de 40 millones. Una semana después del encuentro, fuentes del Gobierno no supieron concretar ayer a ABCsi había más peticiones que la ya conocida de Extremadura, cuyo consejero de Sanidad, José María Vergeles , se ofreció para acoger a entre 18 y 20 menores. Extremadura acoge ahora a siete menores inmigrantes frente a los 4.798 que están tutelados por la Junta de Andalucía.

La Memoria Anual de la Fiscalía en España califica de «enorme»el incremento de menores inmigrante que alcanzaron la costa en 2017. Un 398 por ciento, con respecto a los datos del año anterior. Estos datos se han disparado exponencialmente este año.

La Fiscalía analiza que el 97 por ciento de estos menores son de sexo masculino y, en su mayoría, proceden de Marruecos (56,3%) y Argelia(19,9%), seguidos por países del África Subsahariana como la República de Guinea (8,4%) Costa de Marfil (7,5%) o Gambia (2,8%). La Memoria desvela que también se ha producido un repunte del 17,75% (126) de los bebés o niños de corta edad registrados a su llegada en pateras que venían acompañados de adultos que afirmaban tener vínculo paterno-materno filial con el niño. Esos menores (52 niñas y 74 niños) procedían en su mayoría de Costa de Marfil (46%), Argelia (18,2%) y República de Guinea (8,7%).

Se desconoce cuántos otros menores han llegado a España a través de las fronteras de Ceuta, Melilla o Algeciras de forma oculta o clandestina.

El impacto que tiene la acogida de los menores en Andalucía y la falta de recursos para atenderlos ha llevado al comité de empresa de la Delegación de Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla a anunciar movilizaciones ante la situación que viven los trabajadores de los centros públicos en los que se acoge a estos menores y para exigir más medios y más seguridad para atender unas instalaciones «desbordadas», donde los usuarios «triplican» el número de plazas existentes . Según el citado comité los trabajadores «ya no pueden más» ante la cantidad de menores que entra en los centros «en avalancha».