Así «nacionalizó» la ministra de Podemos los fondos de Andalucía para planes de empleo contra el coronavirus

El pasado 17 de marzo, en una reunión de coordinación con los responsables de Hacienda de las comunidades para coordinar la respuesta económica ante la crisis del coronavirus, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, animó a los consejeros de Hacienda , entre los que estaba el andaluz Juan Bravo , a que «fueran imaginativos» para buscar fórmulas con las que destinar el dinero de la formación que iba a repartirles el Estado a «líneas de ayuda o prestaciones», según recordó Moreno.

El siguiente acto se produce el 31 de marzo. El mismo Gobierno que había alentado a los consejeros autonómicos a disponer libremente de dichos fondos para afrontar la situación de emergencia nacional, se los retiraba sin previo aviso dos semanas después . Precisamente, cuando la Junta estaba preparando con esa partida económica un plan para ayudar a los autónomos golpeados por la crisis que ahora va a tener que sostener a pulmón, echando mano de recursos propios.

La retirada se producía el mismo día que el equipo de la consejera de Empleo, Rocío Blanco , había desatascado los cursos de formación, prácticamente paralizados desde 2012 tras detectar un cúmulo de irregularidades. El mismo 31 de marzo, el Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz (Unidas Podemos) reunió a responsables de Empleo de todas las comunidades autónomas para comunicarles que los iba a dejar sin el dinero prometido para dar formación a los parados.

El recorte llegaba en el peor momento. Andalucía acababa de sacar a concurso público el primer lote de cursos por 41 millones de euros tras cambiar el fallido sistema de subvenciones por otro modelo de licitación. En el caso andaluz, equivalía a «nacionalizar» hasta 430 millones de euros de los 2.414 millones consignados en los Presupuestos del Estado para 2020 para distribuir entre las comunidades.

La ministra Yolanda Díaz decidió retirarle dichos fondos para pagar el aluvión de prestaciones a los trabajadores afectados por los expedientes temporales de regulación de empleo presentados tras el decreto del estado de alarma. Así se lo trasladó en una reunión preparatoria de la conferencia sectorial de la ministra con los consejeros de Empleo regionales que se celebró de manera telemática un día después, el 1 de abril.

En la sesión previa estaba presente, en representación de la Junta de Andalucía, el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo, Miguel Ángel Terrero Prada .

La rebelión fue unánime. Incluso las autonomías gobernadas por el PSOE criticaron que les privaran del colchón de los recursos de las políticas activas de empleo cuanto más falta hacen. En realidad el dinero se estaba recortando a los propios trabajadores, porque los fondos para la formación proceden de las aportaciones del 0,1% que hacen los asalariados a través de sus nóminas.

Para aplacar la indignación generalizada, la noche previa a la conferencia sectorial, la ministra plegó velas en su intención de quedarse con todo. Les comunicó que en lugar de los 2.400 millones comprometidos iba a repartir entre las regiones menos de la mitad: 1.048 millones.

Para Andalucía eso significaba renunciar a 201 millones y la promesa de recibir otros 185 en el futuro . «Pero a día de hoy seguimos sin tener ni siquiera ese dinero», informan a ABC fuentes del Gobierno andaluz. El resto, hasta completar los 430 millones son fondos para modernizar instalaciones.Finalmente, la propuesta salió adelante con los votos en contra de las regiones gobernadas por el PP y Ciudadanos, como Andalucía, junto a Cataluña, mientras el País Vasco se abstuvo. Las regiones bajo el mando del PSOE votaron a favor, incluida la consejera manchega de Empleo, Patricia Franco, que había hecho una intervención muy dura.