Mercedes Alaya rechaza su recusación: «No siento animadversión hacia el PSOE, también critiqué al PP»

En su informe de nueve páginas remitido a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, al que ha tenido acceso ABC, Mercedes Alaya ha insistido en « las interferencias que he recibido en mi independencia judicial cuando instruí determinados procedimientos de especial complejidad por delitos contra la Administración y delitos societarios durante mi estancia como titular» del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde ha investigado los casos ERE, cursos de formación y avales a empresas concedidos por la agencia IDEA.

Dichas interferencias son «comprobables por cualquiera a través de la hemeroteca: interferencias o presiones que procedían de diferentes estamentos , entre ellos de miembros indistintos del PSOE, porque obviamente era el partido afectado por muchas de estas investigaciones, ya que buena parparte de los investigados y acusados pertenecían a dicha formación política», señala Alaya. Agrega que le resulta indiferente «el color político de las personas que realizaran dichas interferencias, pues lo realmente importante es que éstas existieran carenciendo de trascendencia la formación política a la que pertenecían».

En su informe para rebatir la recusación, la actual magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha relatado que hubo también una injerencia del poder político en la resolución de la comisión de servicio que solicitó para seguir con la instrucción de las macrocausas , pues tanto los vocales nombrados a propuesta del PSOE como los del PP acordaron por unanimidad denegar dicha comisión y apartarla de las citadas investigaciones tras marcharse a la Audiencia de Sevilla, donde había ganado una plaza.

A modo recapitulación, Mercedes Alaya sostiene que « en modo alguno siento la menor animadversión hacia el PSOE ». Prueba de ello, prosigue, es que en la entrevista publicada en ABC «existen críticas tanto a dicha formación como al Partido Popular, pues que se trate de un partido político u otro me resulta indiferente». Por tanto, aclara que considera «inadmisibles» los «ataques a la independencia judicial provengan de donde provengan».

La magistrada distingue entre su labor de instructora y su papel como miembro del tribunal que debe juzgar a Vallejo como ponente para juzgar la pieza por las ayudas concedidas por Invercaria a la empresa Servivation. La visión expuesta en sus investigaciones «es la que lamentablemente tuve y tengo como instructora que fui de estos procedimientos», afirma. Pero su postura en las investigaciones de las macrocausas «no es extrapolable a otros procedimientos, ni extrapolable tampoco a la labora del órgano de enjuiciamiento, tan distinta a la labor de instrucción», explica.

La juez recuerda al órgano que debe decidir sobre su recusación que ninguna mención realizó en la entrevista de ABC a Francisco Vallejo. El político, que también está encausado en la pieza política del caso ERE, cuenta con un abogado de la Junta de Andalucía para defenderse en esta causa que se centra en las irregularidades en la concesión de un préstamo participativo en favor de la empresa tecnológica malagueña Servivation por importe de 1.180.000 euros por parte de la empresa pública de capital riesgo Invercaria, entidad adscrita a la Consejería de Innovación en el año 2008, coincidiendo con el mandato de Vallejo. «Ni tengo la menor sensación o sentimiento de índole subjetivo, negativo o positivo, hacia dicha persona», recalca la juez.

A juicio de la magistrada, «tratar de fundar una recusación por el hecho de que el señor Vallejo pertenezca al PSOE y haya pertenecido a los gobiernos en el periodo de enjuiciamiento de la causa de los ERE, como se afirma en el incidente formulado, carece del más mínimo supuesto jurídico », puesto que se habría llegado a la misma conclusión si Vallejo perteneciera al PP, «al que también he dirigido críticas en las citas periodísticas que señala el recusante».

A la magistrada también le resulta «llamativo» que, al albur de sus manifestaciones sobre el clientelismo político en el caso de los ERE y la causa de los cursos , Vallejo afirme que «va a tener que ser enjuiciado por hechos que entroncarían directamente con la figura del clientelismo político».