Más personal a sueldo de la «administración paralela» de la Junta de Andalucía pese al pacto para reducirla

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 especificaban por primera vez el número exacto de empleados de estos entes instrumentales , cuyos salarios se sufragan con dinero público: son 23.899.

El Gobierno andaluz prevé subir los sueldos de este personal como mínimo un 8,79 por ciento hasta 2020 y dar estabilidad a los temporales, como publicó ABC, según recoge el acuerdo de la mesa general de negociación firmado el pasado día 13 entre el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), UGT y Comisiones Obreras.

Para conocer la cifra de empleados que había en 2015 hay que fijarse en el informe de la cuenta general de la Junta de dicho ejercicio publicado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Según el análisis del ente fiscalizador, que hace inventario de las distintas entidades públicas, la plantilla media era de 23.052 trabajadores hace tres años .

Las cifras se aportan desglosadas por cada entidad: las sociedades tienen a 19.557 empleados; las fundaciones públicas, a 3.379, mientras que los consorcios dan trabajo a 96 asalariados. Año a año, la plantilla, que incluye tanto a directivos como al resto de personal , ha ido subiendo. En 2016, ya había 246 contratados más que en el ejercicio anterior.

Este incremento tiene su origen, en gran medida, en el aumento de contrataciones, sobre todo de eventuales, para trabajar en las agencias públicas empresariales que gestionan centros sanitarios de alta resolución , así como las nuevas incorporaciones de fundaciones de salud.

El crecimiento del personal adscrito a estos organismos surgidos al margen de la Función Pública, que se rigen por el Derecho Privado , contrasta con uno de los compromisos que arrancó el partido naranja al PSOE. En el apartado de «Regeneración democrática de la Administración», el acuerdo promueve la «reducción al mínimo del número de entes y número de cargos directivos de los mismos».

La realidad es que no sólo ha aumentado el número de empleados de las entidades públicas en el citado periodo, sino también la porción de los presupuestos autonómicos que se emplea en costear los sueldos y contratos. En concreto, los gastos de personal han engordado en 62,3 millones en tres años. Este capítulo contabiliza 969,67 millones en 2018 frente a los 907,36 que recogía la Cámara de Cuentas en su informe de 2015.

Precisamente, los presupuestos de este año dedicarán una cifra récord a sufragar las retribuciones en la «administración paralela», como la denominaron los sindicatos más beligerantes con la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz aprobada en 2011, que supuso la integración de 25.000 empleados de empresas autonómicas .

La «administración paralela» está compuesta por 60 entidades creadas, participadas mayoritariamente o controladas de forma efectiva por la Junta , con distinta finalidad: 18 agencias públicas empresariales, 10 consorcios, 15 fundaciones y 17 sociedades.

Las contrataciones que realizan los entes instrumentales no están sometidas a los estrictos controles que operan en la Administración pura y dura . A estos puestos no se accede mediante oposiciones o concursos, como sucede en la Administración general, la Educación, la Sanidad o la Justicia.

Cada organismo dispone de su propio sistema de contratación: que a menudo se inicia con la publicación de ofertas de empleo en su propia web . La selección del personal consiste, en muchos casos, en una primera criba a través del currículum, unas pruebas de conocimiento y una ronda de entrevistas personales con los candidatos. Los incumplimientos son recurrentes en esta materia, como han advertido sucesivos informes de la Cámara de Cuentas, así como la Intervención General de la Junta en sus informes de control.

En 2016, el máximo órgano de control interno de la Administración avisó de la contratación de personal laboral sin autorización de la Consejería de Hacienda en entes instrumentales y de la vulneración de la Ley de Administración « al no proceder a la selección mediante convocatoria pública en medios oficiales , basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad».