La Junta de Andalucía subirá los sueldos y hará fijos a temporales de su «administración paralela»

La cláusula novena del documento, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, contempla la creación de un grupo de trabajo entre los firmantes del pacto para aumentar al menos un 8,79 por ciento los sueldos del personal de las entidades públicas entre 2018 y 2020, homologar la jornada laboral y las condiciones de trabajo, e incluye como plato fuerte «la estabilización del empleo temporal en el sector público instrumental».

En una declaración de intenciones extremadamente retórica y difusa fija como objetivo « contribuir a la racionalización y sostenibilidad del sector público instrumenta l, y promover la defensa global y el desarrollo armónico de los recursos humanos en este ámbito». Sin perjuicio de la posterior negociación colectiva que se realice en cada caso, el acuerdo se marca como prioridad hacer fijos a los interinos de los entes instrumentales ofertando un número de plazas que todavía está por concretar.

La intención, compartida por la Junta y los sindicatos firmantes, es que los empleos temporales nunca superen la tasa del 8% . Se da la paradoja de que en la mesa general de negociación, que promueve este plan de estabilización, no tiene representación el personal de estos organismos satélites.

El documento contempla que todo el personal de dichas entidades disfrute de los mismos permisos que los funcionarios regulados en el Texto de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a excepción de las jornadas de asuntos particulares que se establecerán según la antigüedad.

Este acuerdo busca la reconciliación definitiva con los funcionarios, con los que el Ejecutivo socialista ha mantenido sonados encontronazos en los últimos años por la pérdida de pagas y derechos durante la crisis.

El Gobierno se apunta otro tanto con el personal de la «administración paralela» a través de la que podría ser la segunda gran revisión que lleva a cabo tras la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz , aprobada en 2011 entre las manifestaciones de los funcionarios autonómicos que la bautizaron como «ley del enchufismo».

La norma, que acabó avalando el Tribunal Constitucional en 2015, supuso la integración en la Administración de unos 25.000 trabajadores del entramado de agencias, empresas y fundaciones. Muchos de los cuales accedieron a la condición de empleados públicos después de superar procesos selectivos opacos , según ha constatado la Cámara de Cuentas en sucesivos informes de fiscalización, y cobran sueldos muy dispares debido a la distinta procedencia del personal subrogado.

Aquella ley sacó a la calle a los sindicatos más beligerantes, incluido el CSIF, en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, las únicas que perdió el PSOE en Andalucía aunque conservó el gobierno pactando con IU. Los nuevos «caramelos» presupuestarios para funcionarios , laborales y empleados del sector público llegan cuando soplan vientos electorales.

La posibilidad de que la presidenta de la Junta de Andalucía convoque los comicios autonómicos antes de tiempo -tocan en 2019- cobra cada día más fuerza. A ese relato contribuye el distanciamiento creciente con su socio parlamentario, Ciudadanos, con el que pactó reducir sus entes instrumentales en el acuerdo que facilitó su investidura, al cuarto intento, en junio del año 2015.

La realidad dista mucho de las intenciones. Los presupuestos de la Junta para 2018 reservan la mayor partida de la historia para sueldos en dichos entes: 969,7 millones. La «administración paralela» no ha parado de engordar desde que Susana Díaz llegó a la Presidencia . Mantener esta estructura a través de subvenciones y transferencias cuesta 3.449 millones de euros, según la cuentas autonómicas.